Opinión de   (Carlos F. Matute González) - EntornoInteligente

Cronica / El lunes 16 de febrero los comisionados del IFAI y los senadores integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana intercambiaron puntos de vista sobre la iniciativa de ley en materia de transparencia. En los aspectos relevantes, que los comisionados ponen a la consideración de los legisladores, se incluye la propuesta de eliminar en la Ley la distinción entre fideicomiso público, que son paraestatales, y los que no lo son, para los efectos de la entrega de la información pública a su disposición y la obligación de realizar la prueba de daño al momento de reservar la información. Dos cuestiones complejas, por sus connotaciones técnicas e impactos presupuestales. Destaco estas circunstancias para hacer énfasis en que las buenas intenciones suelen encontrar en el camino de convertirse en una realidad, inconveniencias que la misma realidad impone. Por ejemplo, un fideicomiso público no entidad, carece de estructura organizativa propia y obligarlo directamente en la materia de transparencia conllevaría a la creación de la misma con ese propósito exclusivamente, lo cual no es viable económicamente, ni eficiente. Algo similar sucede con la prueba de daño previa a la negativa de información. El intercambio de ideas en este proceso legislativo ha sido intenso y han participado expertos y representantes de la sociedad civil. También han aportado su visión los órganos garantes y los sujetos obligados. Estos últimos suelen exponer las dificultades que ellos prevén que pueden llegar a presentarse en el cumplimiento de una ley después de su promulgación y los costos adicionales que aquél implica. Si una ley establece nuevas tareas para los entes estatales y los gestores privados de lo público, los primeros proceden a solicitar más presupuesto para atenderlas y los segundos trasladan el incremento al precio del bien o servicio  públicos que ofrecen. Ahora, toca a los representantes políticos de la sociedad concluir el trabajo, a través de las distintas fracciones parlamentarias y determinar, entre otros aspectos, cuántos recursos hay que destinar a esta materia. Esta decisión la toman en el momento en que imponen nuevas obligaciones  a entes públicos y crean estructuras estatales para vigilar el cumplimiento de las mismas. Debido a que los recursos son escasos, principio básico de la economía, el resultado seguramente no atenderá en su totalidad todos los puntos de vista expresados, ni será absolutamente satisfactorio para todos los actores involucrados. Además, hay que considerar que toda obra humana es perfectible y es imposible que atienda el estado ideal imaginado o racionalizado por los ciudadanos preocupados por mejorar los instrumentos de la rendición de cuentas y, por ende, la vida democrática de la sociedad. En ese sentido, llama la atención que haya un discurso tremendista de aquellas personas que saben, desde que plantean sus objeciones al proyecto de ley, que no lograrán que todos sus puntos de vista e intereses se incorporaren por su desapego a la realidad. Esta actitud es poco tolerante y en cierto grado autoritaria, ya que parte de la idea de que, en un lado, están los buenos, ellos, que buscan el avance social y, en el otro, los malos, los demás, cuyo pecado es recordar que la realidad no se cambia sólo con decretos y que los derechos para ser efectivos deben tener un sustento económico y administrativo. Afortunadamente, la mayoría de los actores en este tipo de procesos legislativos plantean sus ideales y objetivos y luego escuchan al resto para establecer coincidencias y discrepancias. En lo que hay acuerdo mayoritario se avanza y se reserva para discusión donde no hay consenso. En la negociación se cede lo que no es esencial y se exploran rutas de solución. En donde los puntos de vista son irreconciliables se somete a la votación de la mayoría. Así funcionan las democracias representativas. Si hay errores en este proceso, los jueces corrigen con posterioridad en el caso concreto. Ese es el modelo del Estado constitucional de derecho. Ciertamente que el ideal es la mayor transparencia de lo público, esperemos que las buenas intenciones no nos desvíen de nuestro propósito.

Profesor del INAP. [email protected]

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