Las trabas a la ley - EntornoInteligente

Pagina 12 / En Uruguay, la cantidad de abortos registrados en el sistema de salud por año es mucho menor a las estimaciones que se hacían previamente a la sanción de la ley, cuando estaba penalizado, y se calculaba que se realizaban alrededor de 33 mil abortos anuales. “Lo que lleva a pensar que continúa siendo alta la cifra de clandestinos”, advirtió Susana Rostagnol, docente e investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, donde coordina el Programa Género, Cuerpo y Sexualidad.

Entre las razones para que todavía un número significativo de mujeres se presume que recurren a una IVE por fuera del sistema de salud, se señala la cantidad de ginecólogos y ginecólogas que se declararon objetores de conciencia, un desconocimiento de los alcances de la ley en la población, además del intrincado proceso de consulta y reflexión que exige la normativa (ver nota central). 

Rostagnol contó que la ONG Mujeres en el Horno tiene una línea telefónica de apoyo a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. “Casi un 70 por ciento de los llamados que reciben corresponden a mujeres que quieren abortar, que no han recurrido a ningún centro de salud, fundamentalmente por falta de información. Sin duda alguna, la falta de información constituye una barrera para que las mujeres puedan interrumpir un embarazo de forma segura”, analizó la investigadora. Por otra parte, cuestionó que no exista una ruta clara: algunos centros de salud son amigables, otros no tanto. Y además, el personal de salud no es suficiente para la demanda que hay y algunas policlínicas centralizan su atención en una institución específica, lo que favorece cierto estigma y que algunas mujeres no quieran concurrir, indicó.  

Pero sin dudas, el mayor obstáculo es la objeción de conciencia a la que apelan muchos profesionales de la salud. Según datos del Ministerio de Salud Pública, un 33 por ciento del total de ginecólogos y ginecólogas de todo el país son objetores/as. Y algunas ONG advierten que el porcentaje es aún mayor o al menos, que su distribución en el territorio del país es despareja. Salto, Soriano y Paysandú son los departamentos o provincias con mayor proporción de objetores: la maniobra muestra acciones colectivas, motorizadas por agrupaciones de ginecólogos y ginecólogas, que desconocen la ley. Desde el Ministerio de Salud Pública, dan vuelta la ecuación y destacan que 7 de cada 10 ginecólogos y ginecólogas, la respetan y cumplen.

Las trabas a la ley

Con Información de Pagina 12

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