Las fortalezas y debilidades del grado inversor de Uruguay - EntornoInteligente

El País / Compartir esta noticia SEGUIR HORACIO BAFICO / GUSTAVO MICHELIN Introduzca el texto aquí Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Darwin Borrelli Un aporte útil para la elaboración de estas expectativas es mirar la realidad con el ojo de las calificadoras de riesgo internacionales que analizan la capacidad de pago del país por su deuda pública.

Las agencias calificadoras evalúan una serie de indicadores que tienen que ver con el desempeño global de la economía, la situación fiscal, la fortaleza de las instituciones y la reacción que puede tener la economía ante posibles shocks externos.

En el terreno del manejo financiero se considera como algo positivo el margen de maniobra que tiene el país para enfrentar cambios bruscos en el mercado de capitales internacional a través de la extensión de plazos de vencimiento y la acumulación de reservas. Se habla de un buen manejo profesional de la deuda pública como un punto a favor de la nota crediticia otorgada a Uruguay.

Destacan también el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), cuyo crecimiento proyectan en línea con la tendencia de largo plazo (3% anual). Pero por sobre todas las cosas, lo ubican en línea o levemente por encima del crecimiento proyectado para países con calificaciones de deuda similares a Uruguay.

Por cierto, no todo es color de rosas y señalan aspectos que pueden deteriorar la sostenibilidad de la deuda, tornando problemático su pago. El riesgo mayor radica en el frente fiscal ante el incremento y rigidez del gasto del sector público.

Estos informes fueron elaborados con anterioridad a la divulgación del nivel de actividad en el tercer trimestre del año y sin conocer los últimos datos fiscales ni la batería de leyes que se votaron en esta última parte del año. Desde estos frentes pueden venir malas noticias que afecten la sostenibilidad de la deuda y no fueron recogidas en los respectivos informes.

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Pero el gasto no puede ser controlado. El incremento de las erogaciones en seguridad social y las asociadas al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) está absorbiendo esos mayores recursos y obligó al gobierno a buscar mayores ingresos a través de las transferencias desde las empresas públicas previo aumento de las tarifas.

Esto afecta la competitividad del sector productivo. Si bien solapadamente las calificadoras reconocen el tema, lo relativizan señalando la fortaleza del poder adquisitivo de la población y su impacto en el consumo, que es actualmente el motor de la economía, apuntalado por el mayor gasto proveniente de los turistas.

Aquí radica uno de los problemas que no es adecuadamente ponderado. El mayor poder adquisitivo de la población es fruto del atraso cambiario, que abarató el consumo de bienes importados. Ese atraso cambiario repercute en el mercado laboral, que refleja una caída del empleo por tercer año consecutivo.

Por más baratos que sean los bienes importados, si cae el empleo el consumo doméstico no puede aumentar. Algo de eso están reflejando las cuentas nacionales, que muestran una desaceleración del gasto en consumo privado.

Si este gasto se frena y sigue disminuyendo el empleo, se afectará negativamente la recaudación del Estado en un contexto en el que el gasto seguirá aumentando.

Por un lado, el propio crecimiento que experimentó el salario real hará subir las pasividades al tiempo que la solución alcanzada al tema de los “cincuentones” (colectivo al que se le permitirá abandonar el sistema de AFAP) hará aumentar el gasto del Banco de Previsión Social (BPS).

En este escenario el abatimiento del déficit se torna dificultoso y la sostenibilidad de la deuda vuelve a estar cuestionada.

Hay que agregar que la ley de reparación a los “cincuentones” debilita una de las fortalezas a las que se aferran las calificadoras, que es el correcto marco institucional.

Específicamente evalúan la credibilidad en los objetivos y metas que se fija el gobierno. Desde hace varios años, Uruguay aplica un sistema de metas de inflación que fija el objetivo en 5% con un rango entre el 3% y el 7% de margen. Sistemáticamente la inflación se ubicó fuera del rango y 2017 será el primer año en que se cumpla el objetivo.

Si ocurre que las presiones de oferta llevan a que se vuelva a superar el máximo del rango habría un incumplimiento que se sumará al previsto en materia fiscal, donde las autoridades se comprometieron a bajar el déficit al 2,9% del PIB en 2018 y al 2,5% en 2019. La credibilidad en la política puede verse resentida.

Todas las precauciones tienen como objetivo generar capacidad de reacción frente a cambios bruscos en el contexto internacional. El riesgo mayor radica en una suba de las tasas de interés en dólares.

Una suba pronunciada de las tasas impactaría fundamentalmente en el mercado financiero, ya que la inversión en el campo real está deprimida. Si la suba es repentina puede darse una corrida contra el peso a favor del dólar. Ya aconteció algo similar en 2015 y el Banco Central (BCU) pudo soportar la corrida con las reservas. De volver a ocurrir sucedería algo similar.

Pero la experiencia del 2015 también nos muestra el impacto de la suba del dólar en el consumo, que se frenó instantáneamente. Aquí radica el principal problema, ya que se trata del motor que mantiene en marcha a una economía que enfrenta problemas de competitividad.

En última instancia, la sostenibilidad de la deuda descansa en una situación fiscal que se ha deteriorado y pese a los esfuerzos no logra ser revertida, con el riego potencial de que un cambio en el contexto internacional la agrave aún más.

Las fortalezas y debilidades del grado inversor de Uruguay

Con Información de El País

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