La persona física y la reforma de las sociedades de capital - EntornoInteligente

Expansión / Me ha sorprendido sobremanera la escasa repercusión que ha tenido en los comentarios aparecidos con ocasión de la publicación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (BOE de 4 de diciembre); la nueva redacción del Apartado 5 del Artículo 236 de la Ley, que bajo la rúbrica general de “presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad”, establece:

“La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los requisitos legales establecidos para los administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la persona jurídica administrador”.

Con este precepto se viene en cierto modo a cumplir lo que parecía era la intención del legislador cuando en el apartado II, último párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, (¡cómo echamos de menos esas viejas Exposiciones de Motivos de las Leyes, que contenían valiosísimos criterios interpretativos de los preceptos que luego se incorporaban al texto!), se lee que “de las normas de modernización del derecho de las sociedades de capital que la ley introduce… destacan dos que se refieren al Consejo de Administración: una regula por primera vez en una norma con rango de ley, el régimen jurídico del administrador persona jurídica, recogiendo una referencia específica a la responsabilidad solidaria de la persona jurídica representada y del representante…”.

Pues bien, decimos que esta “parecía” ser la intención del legislador al manifestarse así la Exposición de Motivos, porque la realidad fue otra completamente distinta, ya que al redactar el artículo 212.bis, que efectivamente regulaba por primera vez en una norma con rango de Ley, el régimen jurídico del administrador persona jurídica, se olvidó de consagrar la responsabilidad solidaria de la persona física representante de la misma al proclamar:

Artículo 212.bis. Administrador persona jurídica. “1. En caso de ser nombrado administrador una persona jurídica, será necesario que ésta designe a una sola persona natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo.

2.La revocación de su representante por la persona jurídica administradora no producirá efecto en tanto no designe a la persona que le sustituya. Esta designación se inscribirá en el Registro Mercantil en los términos previstos en el artículo 215″.

Así pues, en uno de los lapsus más llamativos que he tenido ocasión de apreciar en un texto legal, tras adelantar la Exposición de Motivos que se iba a establecer un régimen de solidaridad entre la persona jurídica administradora y la persona física representante de ésta, tal supuesto de responsabilidad no se produjo, al no incluirse la solidaridad en la redacción definitiva del artículo 212.bis de la Ley.

Como dijimos al comienzo, ha sido con la aprobación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, y no precisamente mediante su inclusión en el artículo 212 bis, donde se ha consagrado el principio de responsabilidad solidaria de la persona jurídica administradora y la persona física designada por aquella como su representante en el órgano de administración de la sociedad, al dar una nueva y completa redacción al apartado 5 de Artículo 236, en los términos que hemos indicado anteriormente.

No es momento ahora de recordar con detalle los deberes que la Ley impone a los administradores en el ejercicio de su cargo, deberes que se imponen igualmente a la persona física designada por la persona jurídica para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador de aquella, sino simplemente apuntar que con la introducción de este régimen de responsabilidad solidaria se va a exigir a las personas físicas que ocupan puestos en los órganos de administración de las sociedades de capital en representación de las personas jurídicas miembros de estos órganos, una mayor profesionalidad, vigilancia y atención que la que se les podría reclamar cuando era difícil, por no decir imposible, extender a ellos la responsabilidad exigida a los administradores de la compañía.

Este régimen de responsabilidad, unido a otros preceptos de la Ley 31/2014, que intensifican las obligaciones impuestas a los administradores -solicitud de autorización de la Junta general para la enajenación o adquisición de activos esenciales (art. 160), regulación detallada de las situaciones de conflictos de intereses (art. 228 y 229), criterios para controlar y supervisar el régimen de la remuneración de los administradores (art. 214.4), extensión de la responsabilidad a los administradores de hecho (art. 236.3), obligación de formalizar contratos entre la sociedad y los consejeros que asuman funciones ejecutivas (art. 249.3), etc.- parecen atisbar una decidida política de mejorar la transparencia de las sociedades de capital y de profesionalizar la gestión de las mismas, por las personas que son designadas miembros del órgano de administración.

Con Información de Expansión