Editorial - EntornoInteligente

Diario Extra / Parece que la aplicación de la Ley 7.600 es un asunto antojadizo en este país. Los derechos de las personas adultas mayores, con discapacidad y embarazadas están a merced del resto de la colectividad, expuestos a un total atropello.

La normativa, que rige desde hace 18 años, es un hoy un cero a la izquierda para muchas empresas y personas, al extremo que les importa poco brincarse esas disposiciones y vulnerar a las poblaciones antes mencionadas.

Esto no es nuevo, sigue siendo punto de discusión, pues el Ministerio de Obras Públicas y Transportes insiste desde hace más de 10 años en hacerles el favor a las adineradas empresas de transporte con el tema de las rampas, que al 2015 no se resuelve como establece la ley, pero tanto imploran los autobuseros que les complacen.

Para muestra el caso que dio a conocer DIARIO EXTRA hace unos meses de un vecino de Desamparados que usa silla de ruedas y debe esperar al menos dos horas o más un autobús de esa ruta para poder trasladarse a San José.

Y para colmo de males, el único que tiene la rampa se halla en mal estado. ¿Quién ampara a este ciudadano y castiga la violación evidente a sus derechos?

Pues a la fecha nadie. El usuario se amarró al bumper del bus sin mayor incidente. La prensa cubrió ese hecho, pero la empresa sigue sin responder a los requerimientos de la legislación.

Y ni que decir de las entidades llamadas a velar por el asunto, parece también que la cosa no fue con ellos porque no han hecho presión y menos promovido cambios. Como este ejemplo hay miles. Siguen en San José y el resto del país las aceras sin rampas, montones de edificios y comercios sin ascensores y aquel aterro de gradas, además continúan alcahueteado al sector transportes.

Otro ejemplo de tal abuso es el cometido en los centros comerciales y supermercados, donde las administraciones se adjudican la potestad de tergiversar la ley e interpretarla a su antojo -¡perdón¡, a su conveniencia-, pues parece que sus visitantes, todos, están exentos de encajar en alguno de los casos especiales.

En el Mall Internacional tienen entrenada a la seguridad privada para catalogar los casos de la Ley 7.600 y como si se tratase de peritos decidir si un cliente merece un campo preferencial.

Así ocurrió en día de estos cuando le negaron a una señora de 90 años con andadera y severos problemas de visión que su vehículo usara uno de los espacios que contempla la normativa y con ello los guardas la expusieron a la inseguridad física, aduciendo que así lo ordena la gerencia.

Los dueños de este mall son los mismos que fueron señalados hace dos años por una mujer embarazada, a la cual se le negó también su derecho de uso, y que fue insultada por la propia empresa de seguridad que vigila el sitio.

Qué pesar, señores y señoras empresarios, que ustedes sigan siendo alcahueteados y les permitan seguir atropellando descaradamente los derechos de quienes poseen alguna condición especial.

¿Será acaso que se les olvida que en algún momento llegarán a la vejez o que por situaciones de la vida quizás sufran una discapacidad? Sus madres, hermanas, esposas y amigas están sujetas a la maternidad y por ende al respeto que tal condición merece.

No es posible, a casi dos décadas de aprobada la ley, que este país siga haciéndose la vista gorda con su cumplimiento al 100% y las poblaciones vulnerables continúen implorando igualdad de sus derechos.

En Costa Rica nos jactamos del respeto a los derechos humanos, de la tolerancia y la solidaridad, pero la experiencia nos muestra otra realidad.

Las personas en condiciones especiales no tienen que rogar por ser atendidas, el Estado está en la obligación de garantizar su calidad de vida y seguridad.

El hecho de ser una minoría poblacional tampoco implica que sean desatendidas sus necesidades, por el contrario, las autoridades están llamadas a cumplir con exactitud lo que indica la ley, sin menores contemplaciones.

Pero los ciudadanos también estamos obligados a comprender que el cumplimiento de esa normativa es nuestra responsabilidad; no usar los asientos preferenciales, no parquear en sitios demarcados con azul. Es un asunto de lógica y razón, pero ante todo de responsabilidad y cultura.

Entonces tomemos cartas en el asunto, denunciar a los que incumplen es una vía de ejecución. Ahí están la Defensoría, la Sala Constitucional, las controlarías de servicios de las entidades públicas y por supuesto los medios de comunicación, principalmente DIARIO EXTRA, que es la voz del pueblo.

Con Información de Diario Extra

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