COLOMBIA: Ocho de los 10 procesados por desfalco al ICBF son dejados en libertad - EntornoInteligente

El Heraldo / En la mañana de este miércoles se realizó en la sala 13 del Centro de Servicios Judiciales la audiencia de imposición de medidas a los capturados por el desfalco de 303 millones de pesos  al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En total, ocho de los implicados fueron dejados en libertad y dos fueron enviados a casa por cárcel. La Fiscalía interpuso recurso de apelación.

El juez 13 penal municipal analizó caso por caso  y entregó la decisión final a cada persona.

La primera decisión tomada fue  la libertad inmediata de Yolanda Ruiz Pinzón, exdirectora del Icbf en el Atlántico, al no encontrar inferencia razonable de autoría o coautor en la comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

En el caso de Luis David Avendaño Méndez, representante legal de la Unión Temporal Unidos por la niñez, el juez determinó que no hay inferencia razonable en el delito de falsedad ideológica en documento público, pero si halló responsabilidad en el delito de peculado por apropiación por contratar con dineros públicos a su hijo Luis Avendaño Fernández que era proveedor de Unión temporal.

A Avendaño Méndez el juez le impuso detención domiciliaria.

La tercera lectura se realizó a Oneida Elena Bayona Barrios, coordinadora del Centro Zonal Baranoa. El juez no halló inferencia razonable de autoría en los delitos de falsedad ideológica en documento público ni en peculado por apropiación y por ello también declaró su libertad inmediata.

Tras este anuncio, las personas que se encuentran afuera de la sala aplaudieron y gritaron vivas por la decisión del juez, hecho que obligó a suspender por algunos minutos la audiencia.

A Carlos Gamarra Sierra, supervisor del contrato 331, el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al no encontrar inferencia razonable de autoría o participación en los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

A Rosmery Maldonado Fontalvo le dieron detención domiciliaria. La mujer no aceptó la imposición y entro en llanto en la sala de audiencia. Para el juez, Maldonado constituye un peligro a futuro para la comunidad.

Según el togado, en el caso de Maldonado no hubo inferencia razonable en el delito de falsedad ideológica en documento público, pero si la hubo en el delito de peculado por apropiación.

Sobre Eduardo Camargo Ortega, el juez concluyó  que no existe interferencia  razonable en la autoría o por peculado debido a que no es un funcionario público. Le ordenó libertad inmediata, al igual que a Janeth Ortega, quien era procesada por peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

A Luis Avendaño Fernández, Juan Carlos Villanueva y Orlando Jessurum Torres, este último policía activo, tampoco les fue dictada  medida de aseguramiento, pero el juez compulsó copias a la Procuraduría por una presunta falta disciplinaria que Jessurum hubiera podido cometer.

Los hechos.  El 5 de enero miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a diez personas vinculadas con un supuesto desfalco al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF regional Atlántico, por valor de $303.919.413.

Las irregularidades, según informó en audiencia el fiscal 29 de delitos contra la administración pública, Guido Rivero, fueron cometidas en los contratos 331 por valor de $1.028 millones y el 346 por $1.253 millones.

Sendos contratos, firmados el 22 de diciembre de 2014, tenían como finalidad alimentar a 1.778 niños de Ponedera y Tubará, en edades comprendidas entre cero y 5 años, así como a madres lactantes y gestantes de esos municipios, objetivo que según la Fiscalía no se cumplió a cabalidad.

De acuerdo con el representante del ente acusador, Yolanda Ruiz Pinzón, entonces directora del ICBF, bajo la convocatoria 003 de 2014 abrió una licitación pública para contratar un servicio especial para atender a la población referida.

Se presentaron 51 proponentes con los que se radicaron 47 grupos, de los cuales a la Fiscalía le llamó la atención los grupos 1 y 17, en los que se presentó un empate en el puntaje entre tres proponentes.

Según el fiscal, en el pliego de condiciones de la licitación se estableció que se debía entregar la licitación al proponente que ofreciera la mayor contra partida, resultando ganadora la Unión Temporal Unidos por la niñez, conformada por las fundaciones Una mano amiga por la niñez atlanticense y la fundación Esperanza para la niñez, la cual ofreció el 60 por ciento del valor del contrato, que según el fiscal era de $1.400 millones.

“Ese ofrecimiento de la contrapartida nunca lo cumplió la unión temporal, fue una falacia para que le fueran asignados los contratos 331 y 346 y defraudar a la administración pública y afectar a la población menos favorecida de Ponedera y Tubará”, afirmó el representante del ente acusador durante las audiencias.

Otra irregularidad que según la Fiscalía se presentó en los contratos 331 y 346, adjudicados por el ICBF a la Unión Temporal Unidos por la niñez tiene que ver con supuestos sobrecostos en los bienes requeridos.

Según el funcionario judicial, los proveedores que utilizó la Unión Temporal  para que suministraran los bienes requeridos para su funcionamiento, englobaron los precios, causando un detrimento a la administración pública.

Además de ello, afirmó el fiscal, la Unión Temporal pagó servicios públicos, enseres, electrodomésticos, arrendamientos e hizo  mercados que no estaban contemplados en la canasta de costos y que tampoco estaban establecidos en el objeto del contrato.

COLOMBIA: Ocho de los 10 procesados por desfalco al ICBF son dejados en libertad

Con Información de El Heraldo

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