"Clawback": ¿Ilegal? - EntornoInteligente

El Vocero / “Desvestir un santo, para vestir a otro” no es un acto de fe, cuando de fondos públicos se refiere. Requiere demostrar que no hay con qué vestirlo. No hay forma de evadir el eje del mal del impago: ¿cuál es la verdad sobre la falta de solvencia en las arcas públicas? ¿Cuál es el orden de prioridades para emitir los pagos? El desfile de casos recientemente radicados ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, ¿abre la puerta para que el tribunal ordene, so pena de desacato, al gobierno de Puerto Rico a proveer los informes auditados de la situación fiscal como punto de partida para resolver las controversias referentes a la crisis fiscal? De tener la autoridad legal, dos casos ante la consideración del juez José A Fusté, pondrán a prueba su acostumbrada firmeza para obligar, sin paños tibios, al gobierno del Estado Libre Asociado a cumplir con su deber ministerial de abrir sus libros auditados para poner en condición al Tribunal para adjudicar.

En primera instancia, en el caso de Walmart v Zaragoza, Secretario de Hacienda (Case 3:15-cv-03018-ADC , 4 diciembre 2015) según informes de prensa, ya el juez Fusté “sugirió” a Walmart deponer al Secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, en torno a la realidad fiscal de Puerto Rico. En segunda instancia, en el caso radicado por las aseguradoras de bonos, reclaman que las Órdenes Ejecutivas que permitieron el llamado “clawback” de fondos para el pago de obligaciones generales, se declaren inconstitucional. El “clawback” dejó desprovisto a la fuente de repago ya comprometida que garantiza acuerdos contractuales a acreedores de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Distrito de Centro de Convenciones (DCC), Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) (Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., & AMBAC Assurance Corp. v. Alejandro García Padilla, Juan C. Zaragoza, Melba Acosta, et al, No. 16-cv-1037, 7 enero 2016). Los demandantes alegan que existen otras fuentes de fondos, sin tener que socavar las fuentes de repago comprometidas para éstos otros bonos; que les expone a las aseguradoras a tener que desembolsar de sus ganancias para pagar lo que le hubiese correspondido al gobierno del ELA.

Las casas aseguradoras también alegan que se ha desvirtuado el orden de pago que emana de la Constitución (Art. VI, Sec 8) y la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (Núm 147, 18 junio 1980). En primer lugar, habrá de pagarse la deuda pública. En segundo lugar, se harán pagos para cumplir con compromisos contractuales, sentencias judiciales y obligaciones que salvaguarden el crédito, reputación y buen nombre del gobierno de ELA de PR. En tercer lugar, se pagarán los gastos regulares para las operaciones de gobierno que incluye los servicios de salud, seguridad, educación y bienestar público. En cuarto lugar, quedan los pagos realizados para construcción y mejoras; quedándose para último, los pagos para compromisos contractuales de asignaciones especiales (Assured, et al v AGP, et al, p. 15-16). Por lo tanto, la aseguradoras de emisiones de bonos, argumentan que las obligaciones para mantener el “crédito, reputación y buen nombre” del gobierno cobran prioridad por encima de cualquier otro pago. Central a su argumento es que solamente se puede activar el “clawback” cuando “todos los otros” recursos disponibles se han agotado (Ibid, p. 16). En entredicho están los impuestos a derivados de petróleo, cigarrillos, ron, tarifas para licencias, impuesto hotelero, seguros compulsorios para automóviles, y accidentes, entre otros.

A tales efectos, se reclama que la Segunda Orden Ejecutiva ilegalmente cambió la prioridades de pago, al pagar servicios, sino que adrede “omitió pagos pendientes de compromisos contractuales y obligaciones que salvaguardan el crédito, reputación y buen nombre del gobierno” (Ibid, p. 25). El pago de los servicios básicos, en primacía al pago de dicha deuda, es una crasa violación a la Constitución del ELA, y a la Cláusula de protección de obligaciones contractuales de la Constitución de los EE.UU. Además, argumentan que las condiciones para activar un “clawback”, no se cumplen, alegando que existen fuentes para recaudar fondos hacia el pago de obligaciones generales. Retoman el rosario de la evasión contributiva, la baja captación del IVU, la necesidad de aumentar la contribución sobre la propiedad (Ibid, p. 30), como la reducción en el gasto de gobierno (Ibid, p.31). En fin, al defender sus propios intereses, por rebote, las aseguradoras defienden la fuente de pago para bonistas. ¿Y quién defiende los intereses del contribuyente de las garras del gobierno?

 

 

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Con Información de El Vocero

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