CHILE: Problemas de aplicación del Convenio 169 - EntornoInteligente

la tercera / DESDE QUE el Convenio 169 de la OIT entró en vigencia en Chile como ley de la República, en 2009, su aplicación se ha convertido en fuente de permanente controversia, principalmente porque se trata de una normativa ambigua en su propio origen, y por las dificultades que supone diseñar un mecanismo de consulta indígena expedito y eficiente, que dé garantías de protección a las propias comunidades y entregue certeza a los proyectos de inversión en zonas “ancestrales”. El gobierno pretende introducir cambios en el mecanismo de consulta, pero ello es un paso riesgoso si acaso dicha reforma no se hace en un plazo acotado, con objetivos precisos y en el marco de una estrategia global pro inversión. 

El actual reglamento que regula el proceso de consultas indígenas fue producto de un largo proceso de consultas y debates con las comunidades indígenas, cuyo resultado final ni siquiera logró el unánime consenso de los pueblos originarios. Sigue siendo una materia no bien resuelta cuándo una comunidad indígena debe ser consultada y quiénes tendrán derecho a participar en la consulta. Estas ambigüedades han dado pie a una intensa judicialización, que naturalmente ha terminado por perjudicar al país. Por ello sería un avance si acaso el Ministerio de Desarrollo Social pretende abordar estos aspectos concretos, pero para que ello efectivamente cumpla con el objetivo de cerrar los espacios de incertidumbre, el gobierno debe comprometer sus esfuerzos para que sea un proceso que se realice en un tiempo acotado y no implique entrar nuevamente en un proceso de revisión total e interminables negociaciones, considerando que cualquier cambio a esta normativa debe ser obligatoriamente consultado con las comunidades indígenas.       

Es evidente que el Convenio 169 y su reglamento de consulta indígena no han logrado traer certeza a las inversiones, y en cambio han sido fuente de una creciente judicialización. Recientemente la Corte Suprema resolvió paralizar un importante proyecto aurífero en el norte del país (“El Morro”), pues el máximo tribunal estimó que no se había realizado apropiadamente la respectiva consulta indígena, a pesar de que dicha consulta sí fue realizada y aprobada por los respectivos organismos ambientales del Estado, al punto que su resolución de calificación ambiental había sido aprobada. El caso no es aislado, pues diversos catastros muestran que del total de proyectos en tramitación ambiental que se han visto obstaculizados por la vía de la judicialización, 35% corresponden al sector de energía y 26% a la minería, dos sectores altamente estratégicos para el desarrollo del país.

Según reconoce el propio Ministerio de Desarrollo Social, el actual mecanismo de consulta ha terminado por judicializar buena parte de las iniciativas, y para esos efectos prepara una serie de cambios para “perfeccionar” el proceso de consulta. Entre ellos, que el proceso de consulta lo lleve a cabo una institución de alcance nacional, y no el Servicio de Impacto Ambiental, como ocurre hoy. Asimismo, se buscaría cambiar la actual normativa de modo que la consulta a los pueblos originarios se haga de manera previa a la etapa de participación ciudadana. Ninguna de estas reformas parece abordar el corazón del problema, y de no existir una estrategia más global y acotada en lo que se busca, la reformulación del reglamento podría terminar siendo más perjudicial. 

Con Información de la tercera

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