Detener la masacre
 Inicio > Internacionales | Publicado el Viernes, 02 de Diciembre del 2016
Detener la masacre

Detener la masacre

Tal Cual / El OLP debe ser detenido. Para Provea no hay punto medio en este aspecto. Esta medida de"mano dura? castiga a los más pobres y añade más sufrimientos a cientos de familias que ya padecen las consecuencias de la grave crisis económica y social del país Ya lo habíamos advertido. Desde que comenzó el Operativo de Liberación del Pueblo el 13 de julio de 2015, Provea señaló que con esta medida se institucionalizaría el uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales. El tiempo nos dio la razón. A pesar del silencio de muchos y de la notoria ausencia de actuación por parte de las instituciones del Estado, la detención-desaparición, torturas y asesinato de 12 personas en Barlovento, es una dramática demostración de que no nos equivocamos al denunciar desde el primer día los abusos del OLP.

La masacre de Barlovento no es un hecho aislado. El OLP se ha traducido en una masacre permanente contra el pueblo. En la mayoría de los operativos realizados en distintas comunidades pobres del país, las cifras oficiales sobre personas asesinadas por funcionarios policiales y militares, varían entre las 4 y las 12 personas “abatidas en enfrentamientos”, en circunstancias no aclaradas por las autoridades y en medio de numerosas denuncias de los familiares de las víctimas. En opinión de Provea hay tres elementos que propician este y otros hechos violatorios del derecho a la vida en el marco de este operativo de seguridad ciudadana.

Militarización de la seguridad ciudadana La decisión de militarizar la seguridad ciudadana es absolutamente contraria a lo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los estándares internacionales sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza y a la Carta Magna y las regulaciones nacionales en materia de actuación policial. La sentencia contra Venezuela por el caso “El Caracazo”, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instaba al país a utilizar a los funcionarios militares solamente en situaciones extraordinarias, donde hayan sido sobrepasados los cuerpos policiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas no han sido capacitados para realizar labores de seguridad ciudadana. Al contrario, están entrenados física y psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que perciben como “enemigo”.

La militarización de la seguridad ciudadana conlleva graves riesgos para las garantías personales toda vez que implica la ocupación militar del territorio nacional para la “defensa” contra un “enemigo interno” que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, o cualquier otro.

Aliento a la comisión de abusos Desde el lanzamiento del Operativo de Liberación del Pueblo, los altos funcionarios del Estado venezolano, han alentado permanentemente la comisión de abusos  por parte de los agentes de la fuerza pública. Tanto el ex Ministro Gustavo González López como el actual director de la cartera, Nestor Reverol, presentan constantemente “partes de guerra” a la opinión pública, en el que reivindican como un éxito el asesinato de personas, las detenciones arbitrarias de cientos de ciudadanos, el allanamiento masivo e ilegal de viviendas en comunidades pobres e incluso el derribo de viviendas.

El ex Ministro González López afirmó el 03.02.2016 luego del asesinato de un policía en Caracas:

“Hoy en cumplimiento del deber, cayó uno de nuestros mejores policías. José Agustín Maza Arboleda. Honor a este oficial de la Policía Nacional Bolivariana quien entregó su vida en combate. Mañana vengaremos su muerte. Saldremos a proteger el pueblo, saldremos a proteger la paz como nos ordenó nuestro Presidente” .

Impunidad En Venezuela, junto a la pobreza, la impunidad es la mayor violación de derechos humanos. Provea ha afirmado numerosas veces que la impunidad en Venezuela es estructural. La propia Fiscal General de la República ha reconocido que la cifra de impunidad en materia de delitos comunes alcanza el 92% de los casos y en violaciones de derechos humanos, se sitúa en 98%. El irregular funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia y el copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos. De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados. Esta situación afecta especialmente a los más pobres.

Detener la masacre

El OLP debe ser detenido. Para Provea no hay punto medio en este aspecto. Esta medida de “mano dura” castiga a los más pobres y añade más sufrimientos a cientos de familias que ya padecen las consecuencias de la grave crisis económica y social del país. A la situación de exclusión generada por la pobreza, se suma la revictimización generada por el OLP y la violencia promovida por el propio Estado. Urge detener la masacre e investigar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de abusos contra los derechos humanos en el contexto de operativos policiales.

Este medio no se hace responsable por las opiniones emitidas por sus colaboradores Detener la masacre

Con Información de Tal Cual

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