URUGUAY: Tayler: "Se debería modificar la forma que se elige la SCJ"
 Inicio > Internacionales | Publicado el Miercoles, 15 de Noviembre del 2017
URUGUAY: Tayler: "Se debería modificar la forma que se elige la SCJ"


La Republica / Compartir Tweet WhatsApp Ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que dictaminó que los delitos de lesa humanidad son prescriptibles, surge una nueva interrogante: ¿cómo es el proceso de selección de los miembros del máximo órgano del Poder Judicial? Muchos señalan que la SCJ deposita demasiado poder en manos de sus miembros, lo que hace que todo dependa de los criterios que estos asuman.

“Lamentablemente tenemos una Suprema Corte de Justicia que es electa en un procedimiento extremadamente reservado, casi secreto, del que nadie sabe nada, no se sabe quiénes son cuando están siendo elegidos, aparecen nombres misteriosamente y como último paso hay una negociación política cerrada. Después la SCJ tiene una discrecionalidad total para hacer lo que le plazca. Todo eso rodea en una gran sacralidad. Pero la independencia del Poder Judicial no radica en eso”, declaró a LA REPÚBLICA Wilder Tayler, integrante del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

“La Justicia es un brazo político del Estado, que no está sometido al escrutinio popular. Es un sistema de élite, que tiene un grado de endogamia muy fuerte: la SCJ hace el control constitucional de las leyes pero es el órgano administrativo del poder. No tiene un control externo”, declaró a LA REPÚBLICA la senadora Constanza Moreira.

“Uno espera que los integrantes nuevos sean influenciados por la jurisprudencia y que no se rijan por criterios tan conservadores. Creo que habría que hacer una reforma de la Constitución. Uno de los aspectos que se deberían modificar es la forma en que se elijen los integrantes de la Suprema Corte de Justicia”, declaró a República Radio, que se emite por lacatorce10, Daoiz Uriarte, abogado e integrante de la Vertiente Artiguista.

Según Uriarte, en todos los países del mundo hay una cierta participación política “inevitable”, pero consideró que hay garantías que deben ser resguardadas por la Constitución, como es la consulta preceptiva a los organismos interesados de la sociedad tanto públicos como privados con respecto a la integración de la SCJ, como pueden ser el Colegio de Abogados y la Universidad de la República. “Si bien a veces se dialoga informalmente con estas organizaciones, no es preceptivo ni necesariamente se toman en cuenta sus conclusiones”.

En la misma sintonía, Moreira manifestó que el único control externo es la venia del Senado, pero explicó que esto requiere de mayorías especiales en el Parlamento, lo que le da un gran poder al Partido Nacional y al Colorado. “Los partidos de la oposición no han tenido compromiso con la causa de los derechos humanos y han sido predicadores incansables del derecho al olvido.

Hago mea culpa sobre la forma en que el Frente Amplio termina acordando con el Partido Nacional y el Partido Colorado los nombres de la SCJ. Ellos han vetado sistemáticamente la posibilidad de ingreso a la SCJ de jueces comprometidos con estas causas. El Frente Amplio, a pesar de tener las mayorías parlamentarias, ha sido débil en estas negociaciones. Por eso su composición siempre está sesgada por derecha. No hay neutralidad jurídica”.

Por su parte, Uriarte señaló que la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia requiere de mayorías especiales, por lo que muchas veces se negocia para poder llegar a las mismas. “Habría que preguntarse si a veces no es mejor dejar que, como dice en la Constitución en el caso de que no se llegue a los acuerdos políticos, entre el ministro más antiguo”.

Ante esta situación, Tayler afirmó que es necesario que la sociedad piense sobre qué tipo de justicia quiere. Consideró que Uruguay necesita una justicia en la que los ciudadanos conozcan más a los jueces, ya que sus decisiones afectan a todos los ciudadanos. Por tanto, abogó por un proceso de selección de magistrados mucho más transparente y de mayor participación social.

Tanto Tayler como Moreira consideraron que es necesario cambiar el principio de elección de los ministros de la SCJ. “Estamos trabajando en esto, intentando volverlo una Ley, pero no es sencillo. La idea es al menos darle publicidad a estos nombramientos, y someter currículos y proyectos a un escrutinio público que dé mayores garantías que los de los acuerdos políticos a puertas cerradas”, afirmó Moreira.

Declaró que para que el Estado uruguayo goce de una óptima independencia judicial, se necesitan procesos de discusiones previos a la designación por la Asamblea General, transparentes, en los que se evalúe de forma responsable la información de los candidatos.

Por su parte, Uriarte reflexionó sobre si están dadas las condiciones para debatir una posible reforma constitucional, la cual ha quedado en un segundo plano en el debate público. “Desde mi punto de vista ese es el problema: creo que el Frente Amplio siempre va a encontrar una razón por la cual va a decir que no es el momento político adecuado.

Como ustedes saben, yo he sido un firme partidario de la reforma constitucional. Es cierto que hoy los tiempos se nos han acotado, pero creo que de todas formas podríamos presentarla. Creo que nuestra Constitución tiene que ser mejorada, no porque haya sido mala sino porque el mundo ha cambiado muchísimo en estos 50 años y tenemos que darle una consagración constitucional a nuestros derechos reconocidos internacionalmente para no tener problemas de interpretación como el que se generó en los últimos días”.

La Justicia como una fuerza contrademocrática

La senadora Constanza Moreira analizó la posición que ha mantenido la Justicia en relación a los crímenes de lesa humanidad. Declaró que las soluciones de reparación que el Poder Judicial ha resuelto han sido parciales y que los juicios fueron pocos. “Ni verdad, ni justicia. Esa es la triste marca del Uruguay con su historia reciente. La complicidad de algunas instituciones importantes en Uruguay con las violaciones a los derechos humanos habla mucho sobre nuestra historia y sobre nuestra clase política”.

“La falta de resolución de la justicia significa que no hay Justicia. Y la existencia de justicia, es anterior a la democracia”, declaró.

Explicó que la población votó por un programa de gobierno que enfatizara el compromiso con el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. “Cuando la justicia se interpone e impide el cumplimiento de este objetivo, se vuelve una fuerza contrademocrática, que viola el principio de la soberanía popular. Pero como la Justicia es parte de la solución y del problema, estamos en un callejón sin salida. Esperemos que con los nuevos roles de la Fiscalía, logremos avanzar”.

Consideró que este tema no sólo evidencia una falencia del Estado de Derecho y un déficit democrático, sino una injusticia “flagrante” para con una sociedad. “Si no se juzga el terrorismo de Estado, ¿cómo prevenimos que no pase nunca más? No es cualquier crimen. Son crímenes gravísimos. Como sociedad somos duros con los narcotraficantes, los rapiñeros, los jóvenes, pero hacemos la vista gorda con los delitos más graves que conocemos. ¿Qué sociedad es ésta? Si no damos otras señales, estamos exactamente en el territorio de la banalidad del mal”.

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Con Información de La Republica

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