Sin una verdadera oposición, no hay cambio

ENTORNOINTELIGENTE.COM / Carlos Tablante Hay consenso que lo que vive Venezuela no es una democracia. Unos hablan de democracia de fachada; otros, de autoritarismo competitivo, incluso algunos creen que no hay democracia pero tampoco dictadura. Y también estamos los que consideramos que, además de todo lo anterior, la expansión de las redes de la corrupción y la impunidad se han adueñado del país y han sustituido al Estado de Derecho por un estado delincuente. Estas caracterizaciones son expresadas igualmente por Leopoldo López en lo que él define como "la dictadura del siglo XXI", es decir, la arbitrariedad y el abuso, la intención de imponer el pensamiento único, el partido único y el líder único, utilizando la chequera petrolera, instaurando el poder de una casta cívico−militar corrupta que ha intentado controlar todo, sin lograrlo aún, por la resistencia de la sociedad democrática venezolana. Lo traumático no es proponer una salida, traumática es la terrible situación que estamos padeciendo los venezolanos como resultado del fracaso de este desgobierno. Hasta el propio Maduro lo ha reconocido al anunciar un paquete de duras medidas que van a representar grandes sacrificios para las mayorías. Mayorías que ya están padeciendo la inflación más alta del planeta, una escasez de medicinas y alimentos nunca antes vista, el caos de servicios públicos como electricidad, agua, basura, transporte y vialidad, además del colapso del sistema de salud, de educación. Así mismo, el desbordamiento de la inseguridad personal: la violencia y la impunidad han convertido a Venezuela en uno de los países más peligrosos y corruptos del mundo. Como si fuera poco, es evidente la emergencia institucional por la inexistencia de un Estado democrático, tal y como está previsto en la Constitución. Venezuela está montada sobre un volcán de conflictos sociales. El experimento chavista se ha convertido en una gran estafa. A los voceros de la protesta, llámese estudiantes, vecinos o trabajadores, se les reprime brutalmente. Se criminaliza ilegalmente a la protesta y a los que protestan. Pensar distinto, criticar, se ha convertido en un delito. Mientras a López, Scarano y Ceballos, siendo inocentes, les impiden promover pruebas y testigos en su defensa, mientras mantienen a estudiantes presos y torturados, mientras persiguen y golpean a los trabajadores de Guayana; a los verdaderos delincuentes, narcotraficantes y corruptos, les dan beneficios procesales. Los periodistas, medios y ciudadanos que se atreven a reflejar, denunciar y criticar esta realidad, son perseguidos, multados y amenazados con cárcel. Los medios que resisten las amenazas son comprados por testaferros con mucho dinero de origen desconocido y sospechoso. Todo ello dentro del intento del régimen de imponer una hegemonía comunicacional que controle y manipule totalmente a la opinión pública. Este desolador panorama, sumado a la falta de liderazgo de una presidencia bicéfala ejercida de forma nefasta por el binomio Maduro−Cabello, le plantea incluso a los más cautelosos, la necesidad inmediata de una salida, es decir, unas elecciones presidenciales anticipadas, lo cual solamente sería posible con la renuncia de Maduro o la realización de una Asamblea Constituyente, producto de un acuerdo político para evitar el terremoto social que podría provocar un evento sobrevenido como consecuencia de la profunda crisis que vivimos. La Constituyente le abriría a la nación un auténtico espacio de diálogo y reconciliación. Hasta los que satanizaban la propuesta que se hizo a principios de año denominada "La salida", abortada brutalmente por el gobierno, ya a finales de este primer semestre coinciden en que buscar una vía que saque a Venezuela de esta insoportable crisis de gobernabilidad y gobernanza, es urgente, necesario e inevitable. Sin querer colocar la carreta delante de los caballos, con la fuerza de la serenidad y de las lecciones aprendidas, debemos construir la salida y el proyecto de cambio en la calle, con la gente, de abajo hacia arriba. Una acción política articulada, desde la MUD, desde el Congreso Ciudadano, desde los partidos políticos y con los demás actores sociales, nos permitiría ampliar la base social de la protesta y así reforzar la plataforma unitaria incorporando en un rol protagónico, además de las organizaciones políticas, a todos los ciudadanos sin militancia partidista, incluso abriendo espacios al creciente malestar de la base social y política del oficialismo, lo cual es indispensable para lograr una mayoría que impulse el cambio. Como dice Teodoro Petkoff "la oposición es para oponerse". Es un llamado que comparte la mayoría de los ciudadanos: la oposición debe cumplir un verdadero rol opositor al régimen de manera más combativa y contundente. Cada quien desde su espacio y con los recursos a su alcance, pero todos juntos en una acción política coherente que, aunque transitando por diferentes vías, logre alcanzar el mismo objetivo estratégico que no es otro que organizar y movilizar el descontento mayoritario del pueblo para lograr, con esa fuerza, el cambio de este sistema. Ese gran esfuerzo necesita que todos los líderes políticos y sociales, especialmente aquellos que tienen mayor responsabilidad por el apoyo que han tenido y tienen de la colectividad, pongan el acento en lo que los une y asuman con desprendimiento, humildad y generosidad, el papel histórico que les corresponde. Las diversas visiones no nos colocan en diferentes aceras. No hay antagonismo porque el objetivo es el mismo. Todos estamos remando hacia la misma orilla. Tanto el Congreso Ciudadano, la bandera de la Constituyente, como la participación en las elecciones parlamentarias de 2015, desde luego sin dejar de exigir la liberación de los presos políticos, forma parte importante de una agenda de acción que debe concluir en una gran rebelión de votos para lograr el cambio político, que es la meta compartida, ya que cualquier desenlace que procure una contundente y sólida victoria a la alternativa democrática, necesariamente tendrá que pasar por la vía electoral y constitucional.

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 Inicio > Política | Publicado el Sabado, 01 de Febrero del 2014
VENEZUELA: Gobierno devolverá la Policía de Amazonas a la gobernación
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El Universal / Caracas.- El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció este sábado que luego de realizar unos arreglos en las instalaciones de la Policía de Amazonas y dotar a los funcionarios de los equipos necesarios para combatir la inseguridad en la entidad, "le retornaremos el control de la institución al Gobierno regional. "Vamos a cerrar el ciclo de la intervención de la Policía del estado Amazonas para que retorne al control del Gobierno regional, una vez que hagamos unos arreglos en las instalaciones y dotar con el equipamiento que haga falta para que esta policía pueda sumarse con mayor capacidad al tema de la seguridad ciudadana", dijo el ministro Rodríguez durante el encuentro de seguridad en Puerto Ayacucho con el gobernador Liborio Guarulla, los siete alcaldes de la entidad y las autoridades de los cuerpos de seguridad nacional y regional. Destacó que la reunión con el gobernador Guarulla "fue fructífera y amena" e indicó que el delito común (robo, secuestro y homicidios) en Puerto Ayacucho es bastante bajo.  "Si hacemos un esfuerzo mancomunado y todas las organizaciones sociales podemos lograr convertir al estado en un territorio de paz en el más corto plazo", dijo. "Celebramos la actitud durante la reunión que ha sido constructiva y de sumar esfuerzos en todos los niveles de gobierno para trabajar en un problema en común en todo el territorio nacional", expresó. Informó que debido a que la mayor cantidad de habitantes de la región se concentran en la capital, municipio Atures, se realizará semanalmente reuniones de coordinación de los sistemas de seguridad. La primera reunión está prevista se realice este lunes. "Vamos a partir por la revisión del sistema de seguridad inteligente que ya está funcionando. Ya nosotros desplegamos en Amazonas el patrullaje inteligente en 10 cuadrantes pero lo vamos a revisar y a potenciar". Además, "nos concentraremos en el tema de los  corredores seguros y puesto de atención ciudadana que contempla el Plan Patria Segura para fortalecer y mejorar el funcionamiento de la ciudad en materia de seguridad ciudadana". Con respecto a la prevención de delitos, Rodríguez Torres ordenó a la Organización Nacional Antidrogas (ONA) que ponga las prioridades en el concurso "Sembrando Valores para la Vida", de manera de ayudar a los alcaldes a incorporar a los niños de la entidad en el sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles y de "colaborar con el equipamiento de instrumentos". Además, "bajar los recursos a los consejos comunales para la recuperación de los espacios públicos que se dedican al deporte y a la cultura".  "Hemos recomendado que desde la Gobernación se organicen los equipos multidisciplinarios necesarios para abordar las escuelas y que puedan tener charlas talleres convivencia con funcionarios públicos para enseñar modelos de vida digna a nuestros niños que sirva de contraste con otros modelos que ven a través del bombardeo de los medios  e inclusive de las comunidades", manifestó. El ministro también anunció que iniciará en los próximos días un operativo para el control y la deportación de ciudadanos extranjeros con el apoyo del Saime y la supervisión del Ministerio Público. "Vamos a abordar el problema y a tomar medidas para que nuestro territorio sea respetado y todo el que se encuentra en Venezuela este registrado". Controlar la frontera Por su parte, el gobernador Guarulla agradeció al ministro Rodríguez Torres "que nos sentemos en una mesa, luego de siete años de conflictos, para coordinar políticas en beneficios de la seguridad del estado" El burgomaestre planteó a las autoridades la necesidad de controlar en la frontera el contrabando de gasolina, el narcotráfico, la explotación de las minas de manera ilegal y la guerrilla. "Exigimos al Ministerio de Interior, Justicia y Paz la dotación de lanchas para el patrullaje de la Guardia Nacional y la Marina en nuestros ríos". En referencia a la inseguridad en Puerto Ayacucho dijo que el problema hay que solventarlo "con una política social y un sistema judicial eficiente". Guarulla precisó que existe sobrepoblación penitenciaria en el Centro de Detención Judicial Amazonas (Cedja), donde hay 152 detenidos y solo 55 están penalizados y denunció que desde allí desde se viene armando y organizando delitos.


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