Inicio > Política | Publicado el Viernes, 06 de Septiembre del 2013
Privados de libertad por robo a consejos comunales

Privados de libertad por robo a consejos comunales

El Ministerio Público logró privativa de libertad para Wilmer Tovar (49), Oswaldo Cheremos (30) y Anabel Belisario (27), por su presunta responsabilidad en la desviación y apropiación de fondos destinados a dos consejos comunales en Tucupita, estado Delta Amacuro, a principios de año.



Durante la audiencia de presentación, los fiscales 10º nacional y auxiliar, y 1º auxiliar de esa jurisdicción, Richard Monasterio, Ramón Torres y María Arellano, respectivamente, imputaron a Tovar por presuntamente incurrir en los delitos de peculado doloso impropio, legitimación de capitales y asociación para delinquir.



Adicionalmente, los representantes del Ministerio Público imputaron a Cheremos y a Belisario por los delitos antes mencionados, en grado de cooperadores necesarios.



Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en las leyes contra la Corrupción, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.



En este sentido, el Tribunal 1º de Control de Delta Amacuro, con base en los elementos de convicción expuestos por los fiscales dictó privativa de libertad contra las tres personas.



Así, fijó como lugar de reclusión para Tovar y Cheremos el Retén Judicial de Guasina, mientras que Belisario permanecerá recluida en la comandancia de la policía de dicho estado.



Asimismo, la mencionada instancia judicial acordó el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y gravar los bienes de los imputados.



De acuerdo con la investigación preliminar, tanto el consejo comunal Waranoco I como el Isla Misteriosa, correspondientes al municipio Pedernales, recibieron recursos financieros del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), organismo adscrito al Consejo Federal de Gobierno, para la adquisición de peñeros, motores fuera de borda e implementos relacionados con la actividad pesquera.



Posteriormente, Tovar quien trabajaba en el FCI persuadió a los integrantes de los consejos comunales para que le transfirieran los recursos financieros que sumaban 682 mil 755 bolívares.



El objetivo era que el funcionario conjuntamente con Cheremos y Belisario, comprarían los instrumentos para la pesca, cuestión que habría sido incumplida por los ahora imputados.



Tal situación motivó que el 26 de julio varios de los integrantes de los consejos comunales afectados, presentaran la denuncia ante el Ministerio Público.



El 29 de agosto de 2013, luego de un operativo realizado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y coordinado por el Ministerio Público, se logró la aprehensión de Tovar y Cheremos en el centro de Caracas, mientras que Belisario fue detenida en el estado Miranda, en cumplimiento de las órdenes acordadas por el Tribunal 1° de Control de Delta Amacuro.



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Cipriano Heredia: Este régimen tiene el récor de violación de DDHH

ENTORNOINTELIGENTE.COM / "Descargas eléctricas, amenazas de abusos sexual, robo y destrucción de pertenencia, amenaza de muerte, compartir con presos comunes, no permitir ir al baño, impedimento a tomar agua y arrodillarse sobre alcantarillas, son solo algunas de las medidas que han aplicado los Cuerpos de Seguridad del Estado, a los más de 2.400 manifestantes detenidos en dos meses de protestas. Esto sin duda representa el mayor récord histórico de tortura en la historia del país", denunció el Subsecretario General Nacional del partido Alianza Bravo Pueblo, Cipriano Heredia. Ante estos hechos el Diputado al Consejo Legislativo de Miranda, aseguró que la respuesta seguirá siendo la movilización en las calles de Venezuela. "Si el régimen cree que con estas acciones van a amedrentar al pueblo, asustar a los estudiantes y meter en sus casas a quienes estamos dando la lucha por restablecer los valores democráticos, se equivocaron porque no permitiremos que nos inmovilicen para que ustedes se atornillen −al estilo cubano−, en el poder". Elenis Rodríguez, activista de Derechos Humanos de la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana (FUNDECI), también coincide que "en Venezuela sí se violan los derechos fundamentales de los ciudadanos". Además agregó que al usar sustancias tóxicas y armas de fuego durante las manifestaciones, se quebranta el artículo 68 de la Constitución Nacional. En su participación en el foro conversatorio "La grave situación de los DDHH en la Venezuela de hoy", Rodríguez, denunció la presencia de colectivos armados infiltrados en las manifestaciones, en este sentido, hizo un llamado a la población a no dejarse persuadir por personas ajenas quienes pretendan desestabilizar las manifestaciones. Recordó que estas protestas que comenzaron el 12 de febrero las cuales se han mantenido por más de 70 días en las calles son "por el alto índice de inseguridad, el desarme de los colectivos violentos y el rescate del hilo constitucional sistemáticamente violado durante estos últimos 15 años". Por su parte, el abogado y activista de Derechos Humanos, Antonio Rosich, alertó que en 70 días de protestas "el Estado ha vulnerado los derechos fundamentales de los venezolanos reconocidos en la Constitución y en los principales tratados universales", no obstante, su llamado es a seguir en la lucha por el acato a estos convenios. "Los venezolanos tenemos que estar muy claros de que el derecho a protestar no lo podemos negociar ni ceder de ninguna forma". Asimismo, criticó que en unos de estos procedimientos fue detenido el activista de Derechos Humanos, Marcelo Crovato, quien se presentó en Chacao ante el llamado de una persona quien necesitaba asistencia ante un allanamiento ilegal. "A este abogado no solo se le desconoció el ejercicio de su profesión, también fue detenido de forma arbitraria y está por ser presentado ante los tribunales penales de la República, hecho que debe prender todas las alarmas de las ONG en materia de DDHH, en Venezuela y el mundo". Diálogo en términos de igualdad Antonio Rosich, manifestó sus objeciones con respecto al diálogo entre algunos representantes de la MUD y el Gobierno. Cuestionó que no puede haber diálogo sin igualdad ni respeto. "No se puede entablar un diálogo cuando hay agresiones en una de las partes…El que no se acepte la liberación de Ivàn Simonovis y la negativa a una Ley de Amnistía, patea la posibilidad que nos permite creer en un diálogo franco. Es necesario un diálogo sincero y verdadero, en el que se reconozca al adversario y se logre la recomposición pacifica en términos de unión verdadera y fraterna entre todos los venezolanos", subrayó el activista de Derechos Humanos. Con respecto a la posición que ha tomado la Defensora del Pueblo, ante las denuncias de represión, Rosich, argumentó que amparar a la ciudadanía ante hechos de violencia y tortura por parte de los órganos de seguridad del Estado, "no es solo una función que deben realizar los activistas de DDHH, es el deber legal y constitucional de la Defensora del Pueblo y la Fiscal General". Asimismo, Elenis Rodríguez, manifestó que la Defensora del Pueblo "debe desprenderse de su ideología política y defender los derechos fundamentales de cada uno de los venezolanos como lo establece la Constitución". Para concluir el dirigente de ABP, Cipriano Heredia, se cuestionó "si estas funcionarias pueden tener la conciencia tranquila al saber que han incumplido con su deber".

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