ENTORNOINTELIGENTE.COM / Las entidades públicas no podrán ir a arbitrajes en las cámaras de Comercio y de la Contrucción, sino que tendrán que someterse a la función juridiccional.Esta es la norma que, por disposición del Presidente Rafael Correa, dio a conocer el Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, a los ministros, secretarios de Estado y a las autoridades de la administración pública central e Institucional.El oficio número T.1−C.1−SNJ−12−1134 del 5 de octubre anterior, al que tuvo acceso este Diario, señala que los diversos contratos que se suscriban a partir de esa fecha, deberán someterse a la juridicción de los tribunales ordinarios y no a la de los tribunales arbitrales, con excepción a los contratos de empresas extrajeras amparados por tratados internacionales de protección de inversiones aún vigentes.El pronunciamiento oficial se produce días después de que el Tribunal Arbitral del Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitiera un laudo en contra del Estado ecuatoriano, por $1 700 millones, en favor de la compañía Occidental, ex operadora del bloque amazónico 15.Para el árbitro de la Cámara de Comercio de Quito, Fernando Santos Alvite, la medida paralizaría la firma de muchos contratos porque "los tribunales arbitrales locales actúan con imparcailidad, conocimiento y eran garantía de seriedad y seguridad para el contratista ". Apuntó que lo paradógico "es que luego del laudo con la Occidental, en el cual el mismo Presidente Correa ha criticado fuertemente a los tribunales arbitrales extranjeros, ordena a la administración pública que se sometan a estos y no a los domésticos ".Entre tanto, se abrió en el país un período de expectativas respecto a la solicitud que hiciera el Estado ecuatoriano al Ciadi, de anulación del laudo arbitral, el 9 de octubre anterior.Dos días después, el organismo respondió informando que el pedido fue ya registrado.A partir de esa anotación, no hay un tiempo establecido para la resolución final, declarar o no la validez del laudo, con base en el procedimiento del anterior tribunal.De declararse válido, al día siguiente será obligatorio para Ecuador, pagar los $1 700 millones. Pero si es nulo, Santos Alvite anticipa que Occidental iniciará un nuevo juicio contra el Estado.Previamente, el Ciadi nombrará un Comité ad hoc con tres árbitros de su lista, quienes no deben pertenecer ni a la nacionalidad de las partes, ni de los jueces que emitieron el laudo contra Ecuador.Inclusive, habrá un proceso de consultas y el Gobierno calcula que la constitución del tribunal se demorará unos tres meses.El Comité definirá el procedimiento a seguir. Las partes presentarán sus ponencias y escritos (al menos dos rondas de escritos, aunque ya no se necesitarán testigos), ni peritos, ni inspecciones, pero sí leer el expediente de alrededor de 400 páginas.Probablemente, se fijará una audiencia y luego emitirán la resolución.En su última rueda de prensa, el procurador Diego García, explicó que un procedimiento de anulación dura entre uno y dos años.Siendo este un caso complejo, se calcula que tomará al Comité ese tiempo para resolver.Ecuador ya ha planteado anteriormente demandas de nulidad de sus laudos internacionales. (TH)Un acuerdoEl pedido de anulación del laudo arbitral es la última instancia legal al que tienen derecho las partes a acudir. Sin embargo, Álvaro Galindo, exfuncionario de la Procuraduría, dijo que ambas partes pueden llegar a un acuerdo. En este punto se podría derimir el voto salvado de la árbitro Brigitte Stern que dice que la sanción debe ser mayor contra Occidental por violar la ley ecuatoriana: el 50% y no el 25% del valor del bloque, como determinaron los otros dos árbitros. www.entornointeligente.com

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