El cerco legal, la falta de insumos y la extensa lista de permisos son los principales factores que frenan el crecimiento de la industriaA pesar de que el Banco Central de Venezuela no ha publicado cifras de vivienda en lo que va de año, Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, indicó que el producto interno bruto de la construcción privada presenta una caída de 10% en el segundo trimestre, de acuerdo con los cálculos del sector."Tenemos información de que el PIB de la construcción aumentará 18% o 20%, pero el sector privado volverá a caer por décimo trimestre consecutivo", dijo el empresario en un foro efectuado por la cámara sobre la incidencia del paquete de leyes en la industria.Martini destacó que en 2008 se solicitaron permisos para construir más de 200.000 viviendas, mientras que en 2011 se pidieron menos de 30.000.Este año, el directivo cree que no se han introducido. Los mayores desestímulos para el sector siguen siendo la falta de insumos y la extensa lista de permisos requeridos para iniciar los proyectos.Recordó las declaraciones recientes de un vocero del Gobierno, que dijo que se habían construido 80.000 viviendas, de las cuales 20.000 correspondían al sector privado. Esto representa una disminución de 20% con respecto al mismo período del año pasado.De las otras 60.000, Martini señaló que 40.000 forman parte del plan rancho por casa."Nosotros nos hemos empeñado en hacerle ver al venezolano que esas no son viviendas nuevas. Siguen carentes de servicios, vialidad y, a pesar de tener pisos de cemento, son deplorables", expresó.Agregó que la principal razón por la que no comienzan los proyectos es la falta de insumos. Reiteró las afirmaciones de representantes de la Cámara Venezolana de la Construcción, según las cuales 90% de la producción de cabillas va dirigida a la Misión Vivienda."Los productores deben dar prioridad a la construcción del sector público, y el privado se reparte lo que queda", aseguró el vocero. También dijo que al mercado secundario de ventas se han trasladado todas las personas que anteriormente ponían sus inmuebles en alquiler.Leyes inaplicablesLas 19 leyes, 24 decretos y 40 resoluciones promulgadas en los últimos 7 años, relacionadas con el sector vivienda, generan "más controles, más burocracia y más dificultades", señaló Martini en la inauguración del foro Las Nuevas Leyes que Inciden en el Sector Inmobiliario: Alcances y Efectos.La última en promulgarse fue la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en Casos de Expropiaciones de Emergencia con fines de Doblamiento y Habitabilidad, que complica, según los especialistas, los mecanismos para fijar los precios de las viviendas porque ya existen otras cuatro legislaciones que fijan maneras distintas de hacerlo.Sin embargo, el último mecanismo revierte el proceso porque elimina la necesidad de obtener una declaratoria de utilidad pública previa a la ocupación del inmueble.Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, también criticó la aplicación de la Ley de Arrendamiento. "El Ministerio de la Vivienda no ha fijado el monto para valuar los inmuebles en alquiler, ni el porcentaje de arrendamiento obligatorio de las constructoras y eso ha llevado a que la ley sea prácticamente inaplicable", añadió.Además, recordó que la Superintendencia Nacional de Arrendamientos no se ha establecido en todos los estados."La gente tiene que viajar horas para hacer cualquier trámite relacionado", indicó.