No es sólo la eliminación de la traba de Paraguay, a través de una suspensión emitida por el bloque, lo que oscureció el ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur. Los expertos han identificado además una serie de contradicciones entre las políticas internas y las de la alianza que llevan a cuestionar la legitimidad de la adhesión.Jorge Luis Suárez, profesor e investigador en temas de integración en la UCAB, señaló que el tema de amistad y aproximación ideológica es lo que hace que se obvien algunas de las cosas que suceden en Venezuela.De su ingreso como miembro pleno se derivan dos escenarios: el primero, refleja la adaptación del país a los intereses comunes y la flexibilización de algunos controles, como el cambiario. El segundo muestra un panorama en el que Venezuela se niega a aceptar las imposiciones jurídicas del bloque −−como ocurrió con la Comunidad Andina de Naciones−− y a modificar el cerco que tiene alrededor de la empresa privada, en detrimento de la productividad y competitividad del país en los mercados internacionales.Eduardo Porcarelli, experto en integración y profesor en la UCV, indicó que existen algunas leyes que podrían afectar el libre intercambio de bienes, precepto y objetivo último del bloque, y que desmotivaría a los empresarios de los países miembros."Lo que eventualmente preocuparía a los inversionistas es la liquidación de las divisas necesarias para repatriar el capital o enviar sus dividendos", señaló el especialista. Esto violaría el Protocolo de Colonia para la protección recíproca de inversiones, en las que se garantizan transferencias sin demora y en moneda fácilmente convertible.Adicionalmente, podría entorpecer las actividades comerciales, como sucede con algunas empresas que dependen de los tiempos de liquidación de la Comisión de Administración de Divisas. En este caso, el control de cambio puede ser objetable por los países del Mercosur y considerado una violación del artículo 1 del Tratado de Asunción.Un tema de derechos. Jorge Luis Suárez aseguró que un modelo de integración de este tipo no admitiría países que se retiren del sistema de protección de los derechos humanos, como lo pretende Venezuela al anunciar que se saldrá de la Corte Interamericana de Derechos Humanos."Es contradictorio con el Protocolo de Ushuaia", dijo. Sin embargo, Porcarelli dijo que sobre este tema media la interpretación de cada país sobre lo que es considerado una violación: "Es muy difícil que en un esquema como el del Mercosur entren los gobiernos a calificar si hay una ruptura del orden democrático".En este punto recae una de las diferencias entre los acuerdos de cooperación e integración. El primero se refiere a interacciones entre gobiernos, mientras que el segundo a relaciones entre países, es decir, personas y empresas, indicó Suárez. "Cuando haya algún reclamo, lo rechazarán por un tema de soberanía", dijo. La compatibilidad con el proceso de integración no puede estar determinada por un gobierno, porque después si éstos cambian, las decisiones no pueden ser manejadas caso por caso.Caso Paraguay. Otro especialista que prefirió reservar su identidad señaló que los países miembros del Mercosur han ratificado la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. En ella se establece que cuando un país es suspendido, quedan paralizados sus derechos jurídicos, pero no sus decisiones. Según el artículo 72, la suspensión no afectará las relaciones jurídicas que el tratado haya establecido entre las partes. La decisión de Paraguay de no aceptar a Venezuela ha debido mantenerse hasta que se cumpla el lapso de suspensión en 2013.