Varios países suramericanos que cuentan con reservas de petróleo han optado por distintos caminos para administrar y explotar el negocio petrolero. Para el economista y profesor de la Universidad de Georgetown, Ramón Espinasa, se distinguen dos grupos en los cuales unos tomaron una senda de intervención gubernamental y discrecionalidad en las decisiones, mientras que otros han labrado un camino de desarrollo con un manejo más cercano al capital privado y con principios y reglas de juego claras. Espinasa, quien participó en una conferencia sobre mercados petroleros organizada por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), explicó que Venezuela, Argentina y Ecuador (a los que denominó como el grupo 1) comparten un ciclo de caída sostenida de la producción petrolera aún tras el cambio al alza en el régimen de los precios del crudo a partir del año 2002. En el lado opuesto de los resultados, Brasil, Colombia y Perú han mostrado una tendencia al crecimiento en su producción petrolera tras la escalada y boom de precios del crudo desde 2002. Espinasa indica que en el grupo 1 de países la producción petrolera ocurre bajo control directo del Estado, o de forma indirecta, pero con presión hacia los operadores privados. Otro aspecto resaltante es el manejo y asignación discrecional de las reservas de hidrocarburos, así como el empleo y gasto de la renta petrolera también bajo mecanismos discrecionales. La naturaleza estatal de estas empresas también provoca que no estén sometidas al escrutinio político, que no se les obligue a publicar resultados, y que se dedique parte de sus esfuerzos a actividades no petroleras que redundan en desmejoramiento de la capacidad gerencial operativa. En cuanto a los países clasificados por Espinasa dentro del grupo 2, que engloba a Brasil, Colombia y Ecuador, un rasgo resaltante es que las reservas de petróleo son administradas por agencias estatales no operativas. Ello promueve la competencia entre estatales y privadas, en un marco de reglas de operación fijadas contractualmente. Según Espinasa, bajo este modelo "las empresas estatales se benefician de las mismas reglas (que los privados) y se protegen de la discreción del gobierno". Otra ventaja comparativa es que los subsidios a los combustibles son asumidos por los gobiernos de forma explícita, lo que mejora la salud financiera empresarial.