A pesar de la adhesión oficial de México al Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA), para implementarlo, aún faltan distintas piezas, como la ratificación en el Senado.El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Rodrigo Roque, explicó en entrevista con Excélsior, que luego de ésta firma, y en caso de que la aprobara el Senado, "se requiere una legislación que reglamente en los alcances de ACTA; ésta debe de proteger los derechos de autor y de las marcas, pero también debe asegurar el respeto a la libertad de expresión, privacidad y derecho a la información".Rodrigo Pérez Alonso, director de la Comisión Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados, se pronunció en contra de la postura del IMPI."El argumento de la protección y defensa de la propiedad industrial e intelectual es confuso y oculta que el ACTA propone herramientas coercitivas contra los usuarios", afirmó.Temen abusosA su vez, Carlos Ponce, vicepresidente adjunto de relaciones con el gobierno de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), recordó que desde 2010 se llevó a cabo un fuerte cabildeo con grupos de trabajo en el Senado, tras los cuales se estableció que ACTA era anticonstitucional."México no debería estar de acuerdo con ACTA y más cuando pensábamos que había quedado claro en las negociaciones", manifestó.Antonio Velásquez, especialista en internet y miembro de los grupos de trabajo, adelantó "una campaña muy fuerte para garantizar que no se violen los derechos civiles y la libertad de expresión".Ante esto, Rodrigo Roque reiteró que "por ningún motivo se busca coartar la libertad de información, y estaremos pendientes de retomar también lo que se hizo en los grupos de trabajo en el Senado". Los senadores, en contraEl Senado de la República criticó que el gobierno federal haya firmado el ACTA, a pesar de que esta instancia legislativa le pidió que no lo hiciera, porque violenta la Constitución, al poner en riesgo las garantías individuales.Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Zavala, Francisco Xavier Castellón y Tomás Torres, recordaron que la firma del gobierno no tiene validez alguna para su aplicación en México mientras el Senado no lo ratifique, y eso corresponderá a la próxima Legislatura, que comienza el 1 de septiembre.Por mandato constitucional, el Senado es el corresponsable de la política exterior; por ello, es su competencia ratificar todos los tratados internacionales.En este caso, el Senado realizó durante más de un año una serie de consultas con todos los sectores involucrados y el acuerdo unánime fue que no se debía firmar.