El Presidente Hugo Chávez el pasado domingo 17 de junio, cerró su cuarto período de legislación habilitante promulgando en un solo día 14 leyes, para un total de 54 decretos− leyes en los 18 meses de gracia que le dio la extinta Asamblea Nacional, roja rojita, y para totalizar 216 decretos−leyes en sus más de 13 años de mandato. Claro contraste numérico con los 172 decretos−leyes promulgados con las seis leyes habilitantes que el extinto Congreso de la República aprobó a distintos mandatarios en los 40 años del período democrático en Venezuela. El contrastan también en sus alcances: Las del período democrático, siguiendo el mandato de la Constitución de 1961, se circunscribieron a las áreas económica y financiera, mientras que las de la era chavista, amparadas en la Constitución de 1999, abarcan desde lo económico y financiero, lo institucional, lo social, la seguridad y defensa nacional, ciencia y tecnología, seguridad agroalimentaria y ciudadana, infraestructura, desarrollo nacional, energía y petróleo, hasta cuanta área considere Chávez necesaria para avanzar en su proyecto castrocomunista. Como se recordará, estos poderes fueron otorgados arbitrariamente por unos parlamentarios chavistas que terminaban su ejercicio legislativo, extralimitándose en 17 meses lo que contemplaba su período. Además, los poderes extraordinarios fueron pedidos por el mandatario, y otorgados por los legisladores, para atender la emergencia provocada por las inusuales lluvias de noviembre y diciembre del 2010. A pesar de ello, Chávez ha legislado ilegalmente para pulverizar la institucionalidad del país, para aplastar aún más el estado de justicia y derecho de los venezolanos, para terminar de abortar la descentralización, para afianzar la estatización en todo sector productivo nacional, para instaurar una economía socialista y para hacer serviles a su proyecto comunista a todos los actores económicos, políticos y sociales. Los militares Para ser justos, esta tarea de destrucción de Venezuela no ha sido sólo obra de Chávez. También son culpables de esta masacre histórica de las instituciones públicas y privadas del país todos los que de una u otra forma, por acción o por omisión, permitieron que esto pasara. Los representantes de los poderes públicos, cuya sumisión ha llegado al extremo de que el Parlamento delegue su rol legislador. O que un TSJ, que coreó un ¡UH AH Chávez no se va!, le dé legalidad a los espurios decretos leyes, incluso otorgándole carácter orgánico a muchas que no cumplían los requisitos de la Constitución y violentando, en el caso del COPP (y otros), la reserva legal de exclusiva competencia del Poder Legislativo. También son responsables los militares que permiten que su Ministro de la Defensa declare la sumisión de la Fuerza Armada Nacional a un proceso político y no al Estado venezolano. La culpabilidad de que Venezuela esté reducida a este marasmo comunista, también recae en los gremios e individualidades sindicales, empresariales y profesionales quienes, durante muchos años, hicieron la vista gorda a los desmanes de Chávez y su séquito de aduladores…