La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol condenó la aprobación de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal a través de la Ley Habilitante, y señaló que el Ejecutivo no estaba en capacidad de modificar ese instrumento.

Indicó que de conformidad con lo establecido en la Constitución, le correspondía a la Asamblea Nacional hacer los cambios al texto, y aclaró que los poderes especiales concedidos al presidente de la República, Hugo Chávez, eran para atender la emergencia por las lluvias en diciembre de 2010.

Lamentó que entre las modificaciones se encuentre la posibilidad de juicio en ausencia.

"El actual presidente no se hizo presente nunca en el juicio que se le seguía y con eso lo mantuvo paralizado", recordó.

Criticó que se use como argumento el COPP derogado para justificar el retardo procesal y las irregularidades dentro del sistema carcelario.

"El nuevo COPP se pretende usar como una solución para un problema que la ciudadanía siente fuertemente, por una parte la inseguridad, y por la otra el hacinamiento carcelario, y se pretende presentarlo para solución de ambas cosas", apuntó.

Mármol desestimó los señalamientos de la procuradora general de la República, Cilia Flores, quien aseveró que el nuevo marco legal reducirá los protocolos de administración de justicia.

Críticas. El diputado a la Asamblea Nacional Eduardo Gómez Sigala indica que la reforma del COPP no agilizará los procesos judiciales. Añade que el Ejecutivo violó la Constitución "porque el instrumento es parte de la reserva legal".

El legislador cuestionó, a través de una nota de prensa, la eliminación de los escabinos en los tribunales mixtos.

"Se evidencia el doble discurso manejado por el régimen en cuanto a la participación ciudadana. Con la creación de los tribunales municipales lo que se logra es la distribución de las tareas entre estas nuevas instancias y los jueces de control sin que esto garantice que el proceso sea expedito", dice.

Afirma que la Comisión de Política Interior, a pesar de tener facultad para debatir el asunto, evitó hacerlo. "Esta reforma tiene grandes debilidades porque no fue discutida y porque además se pretende vender como la solución del retardo procesal, y no es así", expresa.

El secretario general del centro de estudiantes de Derecho en la UCV, Francisco Matheus, calificó la reforma de una "aberración jurídica".

Agregó que la aprobación de la normativa viola el artículo 203 de la carta magna.