11:27 am - entorno - Álvaro Pulido Wiley // Empresas y servicios estatales refuerzan su artillería legal ante la arremetida fiscalizadora de Contraloría
 Inicio > Política | Publicado el Domingo, 17 de Septiembre del 2017
11:27 am - entorno - Álvaro Pulido Wiley // Empresas y servicios estatales refuerzan su artillería legal ante la arremetida fiscalizadora de Contraloría




Empresas y servicios estatales refuerzan su artillería legal ante la arremetida fiscalizadora de Contraloría A la demanda de Codelco contra el organismo, podría sumarse una acción similar por parte de Metro. En tanto, en el organismo fiscalizador señalan que "no se ha detectado mayor resistencia" en el cumplimiento de su rol.   Valeria Ibarra  Desde que asumió el 17 de diciembre de 2015 como contralor general de la República, Jorge Bermúdez ha dejado claro su sello fiscalizador.

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Partió implementando la Ley de Probidad, que obliga a los servidores públicos y organismos del Estado a declarar bienes e intereses, pero también a transparentar sus eventuales conflictos de interés.

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Y en los últimos meses su actuar ha estado marcado por su celo fiscalizador en empresas estatales y servicios públicos, en ámbitos que, según algunos, antes no estaban en su perímetro de acción.

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Así, Codelco y Metro han reforzado su equipo legal para enfrentar esta arremetida, lo mismo que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), que derechamente se resiste a que la Contraloría audite cómo realiza su labor de fiscalización en la industria financiera.

Pese a la inquietud que hay en el ámbito estatal, la Contraloría precisa que "no se ha detectado mayor resistencia" en el cumplimiento de su rol y que hoy hay más consciencia de la importancia de transparentar el actuar de la función pública.

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Este año, el ente fiscalizador lanzó un plan estratégico para 2017-2020, cuyo lema es "Más y Mejor Fiscalización".

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Para 2017, la meta es aumentar entre 15% a 19% las auditorías, para lo cual se crearon dos contralorías regionales metropolitanas y nuevos departamentos de fiscalización.

El objetivo, explica la Contraloría, es fiscalizar materias relevantes, tanto en áreas prioritarias para la ciudadanía o de alto impacto en el uso de los recursos públicos.

Conflictos no son extraños ni extraordinarios

El conflicto judicial más mediático ha sido aquel que enfrenta al órgano contralor con Codelco.

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Pero según Luis Cordero, socio de Ferrada & Nehme y abogado de Codelco, "el litigio entre la Contraloría General de la República (CGR) y otros organismos públicos no es extraño ni extraordinario".

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Ejemplifica que las municipalidades recurren con frecuencia a los "recursos de protección" para frenar alguna acción contra la CGR y ha habido casos emblemáticos, como cuando la Municipalidad de Zapallar recurrió a la Corte Suprema cuando la entidad contralora quiso obligarla a reintegrar dineros ingresados por el cobro de patente municipal a una sociedad de inversión o cuando TVN demandó a la Contraloría cuando adaptó el modelo de sociedades anónimas en los '90.

Lo que, a juicio de Cordero, es nuevo es que "la Contraloría controle la actividad empresarial mediante la realización de una evaluación de méritos".

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Por ejemplo, si una compañía estatal encarga un estudio económico o un informe en derecho, la Contraloría debe revisar que ese documento exista, que se haya pagado por él lo que se comprometió y que se entregue en los plazos y condiciones estipuladas, pero no puede evaluar para qué o cuán útil es.

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"Eso es el mérito", detalla el socio de Ferrada & Nehme.

Para el experto esto otorga a la CGR un poder sin contrapeso.

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Para empezar, todos los funcionarios de la entidad son de confianza del contralor. Y en virtud de la aplicación de la ley de probidad, el organismo puede cotejar la información con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros organismos de fiscalización financiera.

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Todo ello genera ruido en el mundo jurídico, explica el ex contralor Arturo Aylwin Azócar (ver entrevista relacionada).

De las superintendencias financieras, la única que ha tenido una auditoría es Pensiones, mientras que la Súper de Bancos definió que no permitirá una revisión de sus procesos de fiscalización.

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Y si bien la CGR pidió información "poco usual" a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en 2016, lo que desató inquietud al interior de la SVS, ahora no ha manifestado que busque realizar una auditoría especial a sus procedimientos.

Conflicto de Codelco escala al ámbito político

El 17 de agosto pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), pidió a Codelco y al Consejo de Defensa del Estado el detalle de qué abogados de esta última entidad han realizado informes para la cuprera estatal, informando el monto y la materia a tratar.

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Según ejecutivos del Gobierno, con ello se busca que se inhabiliten los abogados del CDE en el litigio de la Contraloría contra Codelco, donde el Consejo representa los intereses del órgano contralor y que sea el propio Bermúdez quien asuma la defensa de la Contraloría.

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Sin embargo, fuentes relacionadas no creen que la petición de Espinoza busque aquello, sino que solo transparentar eventuales conflictos de interés.

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En todo caso, todos concuerdan que con ello la controversia escala al ámbito político.

Todo ello en el marco de la disputa legal que tiene la principal empresa estatal de Chile y la CGR.

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La cuprera interpuso el 2 de agosto pasado una demanda de nulidad de derecho público contra la Contraloría, en la que acusa que la CGR ignoró las normas por las cuales se rige Codelco; es decir, la Ley de Sociedades Anónimas y, de obligarla a seguir las normas de contratación de un servicio público, con lo cual se vería afectada su competitividad.

La acción judicial responde a una auditoría extraordinaria realizada por la CGR-informe reservado N° 900- , que luego envió los antecedentes al Ministerio Público para que se investigaran penalmente.

 Arturo Aylwin precisa poder de la Contraloría: "No puede evaluar aspectos de mérito o conveniencia"Pide que el Gobierno y el ente contralor aclaren alcance de las atribuciones El ex contralor de la República Arturo Aylwin Azócar debe ser quien más conoce la Contraloría.

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No en vano, trabajó cinco décadas en ella. Ingresó en 1957 y se desempeñó sucesivamente como abogado, jefe de la división municipalidades, fiscal (1967-1995), subcontralor general (1995-1997) y contralor general (1997-2002).

Hoy, reconoce que ha recibido muchas consultas sobre el alcance de la gestión que ha realizado la Contraloría en el último tiempo y, por eso mismo, está preparando un artículo sobre la materia.

¿Hay un giro en el actuar de Contraloría? Antes de responder, el ex contralor hace un repaso de las distintas "doctrinas" que han animado a este organismo.

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"La Contraloría aplicó desde su creación en 1927 un control exclusivamente de legalidad", señala.

"En 1973, el gobierno militar dictó un decreto ley que amplió sus facultades, otorgándole competencia para realizar auditorías operativas, pero al poco tiempo dicho texto legal fue derogado", agrega.

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"Posteriormente, a inicios de 2003 se dictó la ley 19.817 que, entre otras reformas a la ley orgánica de Contraloría, dispuso que con motivo del control de legalidad o de las auditorías "no se podrá evaluar los aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas administrativas", explica.

Agrega que esta norma debe aplicarse preferentemente, por tener un carácter especial y también tiene rango orgánico constitucional y es posterior a las normas generales de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración Pública", señala.

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"Lo anterior no impide que se proceda a reprochar conductas claramente negligentes en lo relativo a la administración de los bienes o recursos públicos", agrega.

-Todos los funcionarios de la Contraloría son de absoluta confianza del contralor.

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¿Puede prestarse para abusos?

"Desde hace muchos años ha existido esa facultad, pero hasta el año 2005 fue ejercida con mucha prudencia por parte de los contralores, respetando la carrera funcionaria.

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Desde hace muchos años existe el consenso en el sentido de que la facultad vigente del contralor es irreconciliable con la carrera funcionaria, por eso es que un proyecto de ley preparado por la propia Contraloría se propuso restringir dicha facultad solo para los jefes superiores".

-¿Es partidario de que el órgano superior de decisión de la Contraloría sea colegiado y no radique el poder en una persona?

"No soy partidario de eso.

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Una reforma semejante solo complicaría las cosas. En cambio, creo que debe procurarse que todos los órganos actúen dentro de su competencia empleando siempre la prudencia, la racionalidad y la diligencia debida, siempre dentro de un contexto de unidad de la administración, prevaleciendo siempre el fin público".

-De lo que ha visto del actuar del contralor Bermúdez, ¿amerita una acusación constitucional?

"Descarto absolutamente tal posibilidad.

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En cambio, creo que las dudas que han surgido con motivo del actuar de la administración y de la propia Contraloría exigen una definición clara de todos los órganos involucrados.

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Lo peor es que opere la política del silencio, de crítica subterránea o de paralización del aparato público con grave daño a la administración y con lesión al patrimonio público.

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Hay que evitar por todos los medios la ineficiencia de los servicios públicos debido al temor de las autoridades o funcionarios a asumir una gestión diligente".

"Lo que corresponde es que los directivos superiores del Estado, con una visión superior y con pleno respeto de las competencias que les correspondan, analicen en forma franca el tema, con miras a encontrar las soluciones administrativas más adecuadas.

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Lo peor es asumir una conducta de crítica solapada, de inercia o de conformismo, que son contrarios al bien común".

Metro evalúa acciones legales tras informe que cuestiona frecuencia de los trenes Metro de Santiago contrató al bufete Phillipi para analizar los distintos informes emanados de la Contraloría General de la República (CGR) y que, a su juicio, exceden las atribuciones de la entidad.

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De los varios reportes realizados por el órgano de control estatal, hay uno en particular que provocó la molestia de la empresa del tren capitalino: un informe de auditoría que versa sobre la frecuencia con que deben circular los trenes en las distintas líneas del metro.

Tal revisión data del 30 de diciembre de 2016, y allí la CGR constató que la empresa no cumplió con las frecuencias establecidas en su Plan de Operaciones del 2015.

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"Dicho incumplimiento, en la totalidad de la red y tramos horarios analizados, alcanzó un promedio de 43,5%".

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La CGR señaló que "una totalidad de 11.491 trenes no circularon de manera oportuna en los tramos de horarios punta analizados, provocando que 15.382.261 plazas de transportes no fueran ofertadas en los horarios punta analizados, en toda la red de Metro, para el año 2015".

En todo caso, la Contraloría precisó que el 38,24% de estas plazas no ofertadas se asocian a incidentes cuyo origen obedece a factores externos (personas, objetos o animales en vías, fallas en sistema interconectado central, problemas de salud o seguridad de los pasajeros, etc.); es decir, la causa de estas externalidades no resultaría imputable a Metro S.A.

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Otro 35,58% de las plazas no ofertadas se vincula a incidentes internos (atrasos de conducción, averías varias, problemas de comunicaciones o de comando central, etc.) y 26,18% correspondería a factores que no cuentan con una justificación.

El ente contralor también cuestionó la alta densidad de pasajeros en el horario punta e hizo ver que Metro no informó de medidas destinadas a mejorar en este aspecto.

Según ejecutivos del tren estatal, Metro estima que la auditoría no refleja la complejidad del sistema de transportes del Gran Santiago ni su integración con el Transantiago, y hace ver que muchas de las fallas que se le imputan al ferrocarril subterráneo -como la mayor densidad en las horas punta- se debe a problemas con los buses.

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Además, objeta que la Contraloría realice evaluaciones del mérito de una operación, porque, a juicio del tren estatal, eso no le compete.

De ahí que Metro pidiera, a inicios de año, un informe en derecho a la ex contralora Olga Feliú -quien falleció en abril- y luego contratara al estudio Phillipi.

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Con anterioridad, otro ex contralor, Ramiro Mendoza, también hizo estudios para Metro respecto de informes de Contraloría.

Según profesionales del Ejecutivo, los reparos de la Contraloría han retrasado la toma de decisiones en Metro.

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"Los directorios toman ahora siete horas, porque nadie se atreve a hacer nada", comenta un directivo.

Dado que la actividad contralora no ha cesado -este año inspeccionó las estaciones Franklin y Bío Bío, de la futura Línea 6- y puede complicar la operación de Metro, el tren estatal analiza presentar una "solicitud de nulidad de derecho público".

Pensiones, la única Súper financiera con auditoría a su labor fiscalizadora Justo cuando la Superintendencia de Pensiones estaba en medio de la polémica pública por la fusión de AFPs Curpum y Argentum -que al final provocó la renuncia de Tamara Agnic a la cabeza de esta superintendencia-, la Contraloría realizó una auditoría, cuyo informe final se entregó el 30 de diciembre de 2016.

La revisión se enfocó en cómo realiza su labor de fiscalización la Súper de Pensiones, lo que despertó las alarmas en el resto de las superintendencias financieras.

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Tal como lo señala el informe final de Contraloría, esta revisión tuvo el objetivo de "verificar el cumplimiento de las normas que la regulan, así como el cobro de las multas derivadas de las fiscalizaciones" en el año 2015.

¿Qué encontró? Que el regulador de Pensiones "no incorpora aspectos cuantitativos en su planificación anual de fiscalización que permitan verificar el porcentaje de avance y cumplimiento final"; que hay "dilación en el procedimiento de ajuste al Compendio de Normas de Pensiones del Sistema de Pensiones, por lo que esa repartición deberá adoptar las medidas que procedan para agilizar el proceso que modifica las políticas de inversión y de solución de conflictos de intereses que deben elaborar las AFP".

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También detectó demora en definir sanciones por incumplimientos.

La Súper de Pensiones respondió los cuestionamientos el 20 de abril de este año y el 17 de julio la entidad contralora emitió un informe de seguimiento, donde dio por subsanadas casi todas las deficiencias.

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Sin embargo, hay inquietud por el precedente que esta auditoría generó, tanto en la propia Súper como en la industria.

Súper de Bancos se opone a auditoría y evalúa contratar a abogados externos A inicios de agosto de este año, el contralor Jorge Bermúdez explicó en el Congreso que "estamos realizando una fiscalización que nos ha costado llevar…

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Es una fiscalización a la SBIF (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras), que es inédita en nuestra historia, porque nunca se había hecho una auditoría así en 90 años de la superintendencia".

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Y agregó que "todavía no hemos podido ni siquiera iniciar, ahí tenemos un problema de resistencia".

La pesquisa a la que se refiere el contralor Bermúdez no busca revisar los gastos o el presupuesto de SBIF ni tampoco hacer el denominado "control de legalidad" de sus disposiciones, sino que va al corazón de la entidad y busca fiscalizar cómo la superintendencia dirigida por Eric Parrado realiza su labor de regulador del mercado financiero.

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Y la entidad ya definió que no permitirá que la Contraloría audite sus procedimientos de fiscalización.

Según profesionales de la banca, hay varias razones para tal resistencia: viola el secreto bancario; introduce incertidumbre al sistema financiero, que se basa en la confianza y la fe pública, y contraviene la Ley General de Bancos.

La directriz de la Contraloría puso nerviosos a todos los bancos de la plaza y también al Banco Central, que respaldan la postura del superintendente Eric Parrado.

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La banca teme que funcionarios sin el conocimiento técnico ni la experiencia necesaria accedan a información sensible y, eventualmente, que esta se filtre o sea tratada sin la debida discreción.

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Ejecutivos del sector financiero señalan que por esto en el mundo existe el secreto bancario y la supervisión de la industria se hace mediante un organismo independiente.

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Y hacen ver que el control ha funcionado porque en cuatro décadas no ha quebrado ningún banco en Chile, pese a que las últimas crisis económicas mundiales han sido financieras.

Parrado y Bermúdez se han reunido varias veces, pero no han logrado zanjar el tema.

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De hecho, la SBIF evalúa contratar a abogados externos para eventualmente demandar a la Contraloría, tal como lo hizo Codelco.

LA CONTRALORÍA lanzó un plan estratégico para 2017-2020 cuyo lema es "Más y Mejor Fiscalización".

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Para este año la meta es aumentar entre 15% a 19% las auditorías.

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Con información de: El Mercurio

11:27 am - entorno - Álvaro Pulido Wiley // Empresas y servicios estatales refuerzan su artillería legal ante la arremetida fiscalizadora de Contraloría ' alt='11:27 am - entorno - Álvaro Pulido Wiley // Empresas y servicios estatales refuerzan su artillería legal ante la arremetida fiscalizadora de Contraloría '>http://entornointeligente.com/articulo/122737/1127--am--entorno---Alvaro-Pulido-Wiley-%0A-Empresas-y-servicios-estatales-refuerzan-su-artilleria-legal-ante-la-arremetida-fiscalizadora-de-Contraloria

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