La ley de compras programadas establecerá sanciones de 1.000 a 5.000 unidades tributarias, entre 76.000 y 380.000 bolívares, según el proyecto presentado el miércoles por la Comisión de Administración y Servicios Públicos a la directiva de la Asamblea Nacional para la primera discusión.
La multa más elevada será para las que operen como administradoras de planes de compra programada sin autorización gubernamental, lo que implicará también la suspensión inmediata de actividades.
Las compañías que, teniendo el permiso para ser administradoras, se dediquen a otras labores o no posean el capital mínimo deberán cancelar multas de 2.000 a 3.000 unidades tributarias.
También incluye sanciones de 1.000 a 2.000 unidades tributarias para las que ofrezcan planes que no cumplan con los requisitos legales y de 1.500 a las que no presenten los estados financieros y otros documentos.
El incumplimiento del resto de las obligaciones señaladas en la ley será castigado con una multa de 1.000 unidades tributarias. En todos los casos, la reincidencia será penalizada con la suspensión inmediata de actividades.
El diputado Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Administración y Servicios Públicos, dijo que la primera discusión del proyecto de ley podría ser el próximo martes, para luego iniciar el proceso de consulta pública.
Aseguró que el Gobierno no está en contra del sistema de compra programada, sino de las estafas que han ocurrido a través de esta modalidad de adquisición de bienes.
El presidente de la Cámara Venezolana de Empresas Administradoras de Sistemas de Compras Programadas, Anselmo Silva, está de acuerdo con que se establezcan reglas claras para evitar que se presenten irregularidades.
Silva confía en que el proceso de consulta pública del proyecto de ley, participarán todas las partes involucradas: empresas, clientes y autoridades.
Precios actualizados. A pesar del discurso oficial contrario al uso del índice de precios al consumidor para actualizar precios, el proyecto de ley tiene un mecanismo similar para los bienes ofrecidos a través del sistema.
"El contrato deberá especificar un mecanismo de actualización del precio del bien. Los índices o parámetros que se utilizarán deberán ser de fácil acceso al público y elaborados por terceros independientes", dice el artículo 7.
El proyecto también establece que los aportes hechos por las personas que se retiren serán devueltos, sin intereses, un mes después de que termine el plan. Es decir, luego de que todos los asociados hayan recibido su bien.
Las administradoras de planes de compra programada sólo podrán operar con autorización gubernamental, la cual deberán solicitar en los 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
El Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios será el encargado de la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control del sistema de compra programada.
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