Acuerdo Nacional en Chile (1985): una hoja de ruta consensuada
 Inicio > Internacionales | Publicado el Domingo, 13 de Agosto del 2017
Acuerdo Nacional en Chile (1985): una hoja de ruta consensuada
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Acuerdo Nacional en Chile (1985): una hoja de ruta consensuada

El Universal / Jesús María Casal H*

La transición política vivida en Chile, que permitió pasar pacíficamente de la dictadura del general Augusto Pinochet al sistema político democrático que hoy ese país exhibe, es considerada por los expertos como una de las más exitosas. El sociólogo francés Alain Touraine afirmó en 1992 que esa transición no era perfecta pero sí “la mejor que yo haya conocido”. Vista las cosas desde el presente, con logros ya alcanzados, se estaría tentado a sostener que la idiosincrasia chilena explica sobradamente este éxito. El “alma de Chile” a la que se refirió el cardenal Raúl Silva Henríquez, actor clave en la lucha contra los abusos del régimen militar, inclinada a la búsqueda de consensos, facilitó ciertamente las cosas, pero la realidad es que  la gestación de acuerdos con miras al cambio democrático estuvo plagada de grandes dificultades, entre las que sobresalen los odios y divisiones que quebraron el alma nacional histórica a raíz sobre todo de la crisis suscitada en el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), y de la crueldad y usurpación del golpe militar de 1973 y de la prolongada y despiadada dictadura de Pinochet , con antecedentes de polarización y fragmentación política que no es posible relatar aquí. Esta fractura fue muy profunda, porque cada sector social y político quedó enfrascado o encadenado en “su” verdad sobre las responsabilidades respecto de lo ocurrido y en su reclamo moral hacia o contra los adversarios políticos.

En el largo itinerario de la transición chilena, que se distingue por su gradualidad y transacción constante, el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, suscrito en 1985, jugó un papel relevante. En la conmemoración del décimo aniversario de este Acuerdo, el entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle aseveró que aquel: “abrió las puertas a la democracia”. Propiamente no las abrió, pues fracasó como intento de construcción de acuerdos entre representantes de diversas organizaciones políticas que diera lugar a un diálogo y negociación política con el gobierno militar y permitiera avanzar hacia la democratización. Marcó sin embargo un hito significativo en esta dirección. No en los resultados históricos concretos pero sí en un plano sustancial, como ruptura de barreras que parecían infranqueables entre concepciones políticas diversas y aproximación a la resolución de interrogantes que aquejaban y dividían a las fuerzas democráticas. Se ha reconocido que el Acuerdo Nacional contribuyó a producir un doble punto de inflexión en el desarrollo de las estrategias y del espíritu de la acción política de buena parte de la oposición. Por un lado, allí destacados  líderes de variadas organizaciones políticas se decantaron por luchar dentro de la institucionalidad del régimen militar para salir de él, en lugar de apostar abierta o principalmente por la senda del derrocamiento vía alzamiento popular o por medio de la violencia; se trataba de “introducirse en la Constitución de Pinochet” y de derrotarlo en ese terreno , como propugnaba Patricio Aylwin. Por otro lado, el ensayo que llevaron adelante, el esfuerzo que desplegaron para “comprender” y “ser comprendidos”, en palabras del cardenal Juan Francisco Fresno, promotor de la iniciativa, favoreció una forma distinta de hacer política. Las discusiones que se suscitaron entre personas situadas en diferentes puntos del arco político, desde la derecha partidaria del régimen pero consciente de una necesaria legitimación democrática hasta la izquierda socialista o democristiana, y la comprobación de que era posible identificar denominadores comunes a pesar de las posturas contrapuestas que subsistían en mucho temas medulares, fueron un acicate para una concertación más amplia y programada que anticipó ulteriores conquistas. La coincidencia de todos en una “voluntad superior patrióticamente angustiada” (Gabriel Valdés) trazó una ruta llena de sacrificios, desprendimientos o cesiones en las propias convicciones o certezas, que terminaría definiendo la transición.



Líderes de variadas organizaciones políticas se decantaron por luchar dentro de la institucionalidad del régimen militar



ANTECEDENTES, FORMACIÓN Y DESTINO DEL ACUERDO

El Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia no fue una iniciativa aislada sino que estuvo precedida de ensayos de diálogo ocurridos en 1983 que naufragaron, y de logros como la Alianza Democrática (1983), que agrupaba a organizaciones socialistas y democratacristianas.  Justamente, la evaluación de los errores de aquellos intentos de diálogo de 1983, entre los que fue subrayado el afán de protagonismo de los actores en los medios de comunicación o, en otras palabras, la falta de discreción en las conversaciones, sirvió de aprendizaje para el proceso de 1985 que condujo al Acuerdo Nacional. En todos había participado el Arzobispo y luego cardenal Fresno, lo que facilitó la revisión de los pros y los contras de cada uno. La reflexión sobre el diseño constitucional había tenido un antecedente digno de mención en el Grupo de Estudios Constitucionales o Grupo de los 24 (1978), aunque este trabajo colectivo de individualidades de diversa procedencia se había centrado en la formulación de algunas bases para una nueva Constitución para Chile, antes de que se aprobara (fraudulentamente) en plebiscito la que preparaba la dictadura (1980), mientras que  el Acuerdo Nacional partió de la Constitución de Pinochet como un hecho, dejando de lado la discusión sobre su legitimidad , sobre el cual había que construir paulatinamente la regulación constitucional óptima en perspectiva democrática, tarea que comenzó con las reformas negociadas de 1989, avanzó significativamente con las de 2005, durante la Presidencia de Ricardo Lagos, y aún no ha concluido del todo.

Se trataba de “introducirse en la Constitución de Pinochet” y de derrotarlo en ese terreno, como propugnaba Patricio Aylwin

Luego de los traspiés de 1983, en 1985 el cardenal Fresno reanudó las gestiones dirigidas a ayudar a conformar una articulación entre organizaciones de distinta orientación ideológica, para que pudieran representar un interlocutor autorizado ante el gobierno militar con miras a un diálogo nacional. Esta vez se resolvió trabajar de forma confidencial -lo cual no pudo cumplirse completamente- y, lo más importante, con una detenida preparación de los encuentros, que implicó elaborar cuidadosamente la lista de quienes serían invitados a la formulación del Acuerdo, así como precisar, a título provisional y con flexibilidad, los asuntos sobre los cuales versarían las conversaciones. Luego se organizaron desayunos por separado con cada uno de los líderes invitados, sostenidas por el cardenal Fresno o su equipo asesor, lo cual iba nutriendo la identificación de discrepancias y coincidencias y desembocó en un texto inicial ya redactado preliminarmente para llevarlo a la primera reunión general. Integrantes del más alto nivel político de varios partidos concurrieron a la convocatoria. Se trataba de figuras representativas de la Unión Nacional, del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido Demócrata Cristiano, de la Social Democracia, del Partido Radical, de la Unión Socialista Popular, del Partido Socialista (Briones), del Partido Socialista (Mandujano) y de la Izquierda Cristiana.  Esto suponía abarcar desde organizaciones de derecha que habían apoyado sin ambages el golpe militar, pasando por la democracia cristiana y llegando al socialismo y a la izquierda cristiana.  No participaron ni la Unión Demócrata Independiente, cuya cercanía al régimen comprometía la confidencialidad de los encuentros en la fase gestacional, ni el Partido Comunista y otras organizaciones afines, inclinadas a justificar todas las formas de lucha, incluyendo la de carácter armado. Después de suscrito el Acuerdo el 25 de agosto de 1985 se sumaron otras organizaciones. De este modo se creó un amplio espacio político a fin de edificar un consenso básico, más allá de la Alianza Democrática formada en 1983.



El Acuerdo se hizo público y se dieron pasos dirigidos a concretar sus objetivos, pero no fue posible. El general Pinochet rechazó definitivamente la iniciativa el 24 de diciembre de 1985 y encaró cínicamente al cardenal Fresno, rehusándose tajantemente a tenerla en cuenta. 





CONTENIDO DEL ACUERDO NACIONAL



El Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia es un documento breve, que recogió grandes consensos en temas institucionales y económico-sociales.  Aludió a una “entrega ordenada del poder” impulsada por la celebración de elecciones y en sus propósitos generales se destacó la necesidad de rechazar la violencia en todas sus manifestaciones o procedencias, reivindicó a los derechos humanos, con base en los respectivos instrumentos internacionales , como “preocupación preferente” de las autoridades, y señaló la relevancia de la aplicación de la justicia frente a los excesos cometidos, de manera individualizada y con las debidas garantías, excluyéndose la criminalización colectiva o los tribunales ad hoc. Asumió la Constitución de 1980 como un hecho frente al cual se propusieron reformas, orientadas a prever la elección por sufragio universal, directo y secreto del Presidente de la República, con segunda vuelta de no obtenerse mayoría absoluta, y de los miembros del Congreso; a integrar el Tribunal Constitucional de modo que estuvieran representados los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a garantizar la libertad de expresión y de asociación con fines políticos y a restringir el alcance de los estados de excepción.  Un debate arduo entre los autores del Acuerdo, como fue el del tratamiento que debían recibir partidos que profesaran el comunismo u otras doctrinas que se consideraban contrarias a la estabilidad y valores democráticos, se zanjó con una formulación abstracta de principios mínimos referidos a la Democracia, el rechazo de la violencia y el respeto a los derechos humanos  y con la previsión de una facultad de declaración de la inconstitucionalidad de una organización política en cabeza del Tribunal Constitucional. Se contemplaban medidas institucionales inmediatas relativas al cese del estado de sitio; la formación de registros electorales; el término del receso político y la derogación de las normas que impedían el funcionamiento de los partidos, y la aprobación de las leyes que hicieran posibles las elecciones para los cargos mencionados. El Acuerdo partía de la aspiración a celebrar elecciones libres tan pronto fuera posible, en vez de esperar a someterse al plebiscito de 1988, establecido en la Constitución del régimen, el cual finalmente se impondría.

En materia económico-social, el Acuerdo destacó que era indispensable ofrecer certidumbre respecto del régimen socioeconómico que se implementaría al recuperar la normalidad democrática.  Se preveía como objetivos prioritarios el combate contra la pobreza extrema y el fomento de un crecimiento económico sostenido, a partir de un modelo apoyado en la propiedad individual, en la empresa privada y en el mercado pero que reconocía el papel del Estado , con planificación solo indicativa respecto de los particulares, y la posibilidad de la propiedad estatal o mixta sobre medios de producción. Estas pautas se corresponden en lo fundamental con las políticas que desarrolló la Concertación desde 1989.

*Individuo de Número de la Academía de Ciencias Políticas y Sociales



Acuerdo Nacional en Chile (1985): una hoja de ruta consensuada

Con Información de El Universal

http://entornointeligente.com/articulo/10460295/Acuerdo-Nacional-en-Chile-1985-una-hoja-de-ruta-consensuada-13082017

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