URUGUAY: Solo 3% de las denuncias de violación a DDHH tiene sentencia de la justicia
 Inicio > Internacionales | Publicado el Sabado, 20 de Mayo del 2017
URUGUAY: Solo 3% de las denuncias de violación a DDHH tiene sentencia de la justicia

URUGUAY: Solo 3% de las denuncias de violación a DDHH tiene sentencia de la justicia

La Republica / Como desde hace 22 años, Familiares de Detenidos Desaparecidos marcharán esta vez bajo la consigna “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y Hoy”. En Montevideo, la movilización comienza desde las calles Rivera y Jackson a las 19 hs., como cada año en silencio, sin consignas ni banderas partidarias.

Este año, algunos por primera vez, otros ya desde hace años se realizan marchas y concentraciones en el interior del país: Rivera, Florida, San José, Paysandú, Mercedes, Tacuarembó, Maldonado, Pirlápolis, Melo, Artigas, Juan Lacaze, Salto, Treinta y Tres, Flores Carmelo, Minas, Paso de los Toros, José E. Rodó. En el exterior, habrá marchas en las ciudades de Buenos Aires, París y Santiago de Chile.

Los familiares de los desaparecidos esperan que la Marcha del Silencio de éste año sea la más grande. Oscar Urtasun, integrante de Familiares dijo a Radio Monte Carlo que “pasa el tiempo y no nos dan respuesta ninguna”. La Marcha es realizada desde el año 1996 por convocatoria de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones. Esta semana, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que transforma una fiscalía letrada nacional en una especializada en crímenes de lesa humanidad.

El texto ahora pasará a consideración de la Cámara de Diputados, pero dado el notorio apoyo que recibió entre los senadores, se espera que la iniciativa cuente con una rápida aprobación. Todos los partidos aprobaron la iniciativa que fue enviada por el Poder Ejecutivo en febrero de este año, con el aval del fiscal general de la Nación, Jorge Díaz.

Causas en la justicia

Según el Observatorio Luz Ibaburbu, existen 307 causas presentadas sobre violación de derechos humanos del pasado reciente. De las mismas, el 62% están presumariadas, el 23% archivadas, el 7% están acumuladas a otras, el 3% en sumario y el 2% no están registradas. Sólo el restante 3% de las denuncias ha recibido una sentencia.

Por otra parte, el registro que cuenta el Observatorio ha realizado una clasificación de las causas según tipo de delito. Allí se muestra que la mayoría de ellas se refieren a tortura, muerte, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestro y amenazas. En cuanto al año al cual las causas denuncian, el período mayormente señalado comprende desde 1972 hasta 1978.

Mirtha Guianze, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y algunos integrantes de Familiares Desaparecidos declararon, a La República, que la Justicia es “lenta” y la mayoría de las denuncias ha quedado “paralizadas”.

“En las causas judiciales, lastimosamente, tenemos pocas esperanzas porque las mayoría de las investigaciones no han ido a ningún lado. Si se indaga más profundamente y con todos los medios, alguna cosa tendría que salir a la luz. Pero las oportunidades se dejan morir de a poco”, declaró a LA REPÚBLICA Nilo Patiño, integrante deMadres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

“Se necesita justicia para poder seguir adelante. Existen muchos expedientes que están trancados. Un caso es el de 30 compañeras, que después de tres décadas, lograron contar las atrocidades que habían vivido. Sin embargo, no hay ningún detenido y esto es parte de la indiferencia y de la impunidad.

Rama y Gavazzo, que cometieron horrores, tienen prisión domiciliaria. Por eso, el 20 de mayo, estamos nuevamente en las calles con miles de jóvenes para seguir avanzando en la lucha por la verdad”, manifestó a REPÚBLICA Radio por lacatorce10, Javier Tassino, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Planteo

“El 25 de este mes se va a realizar una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires, en la cual se va a plantear la situación de parálisis que viven los juicios y también hablaremos sobre la situación de inseguridad, de amenaza, que se vio tanto con lo que sucedió en el grupo de arqueología forense como con las advertencias que recibimos por parte del Comando Barneix.

Todo eso formó un cuadro que va llevando a pensar que la impunidad va ganando terreno y que es muy difícil revertirla eso. Por eso, es momento de continuar la lucha en el marco del 20 de mayo”, afirmó la ex fiscal Mirtha Guianze, quien es directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

La razón de la lucha por derribar este estado de impunidad, es la que sustenta la consiga de la marcha de este sábado, según lo expresado por los tres entrevistados. “La marcha se llama Impunidad. Responsabilidad del Estado de ayer y de hoy. Tiene varios propósitos como las otras. Uno es el recordatorio a los compañeros desaparecidos. También es muy importante pensar en el debe que tiene el Estado con respecto a la búsqueda por la verdad. Además, es sustancial, para nosotros, que esta enseñanza no quede en el olvido sino que se recuerde como una etapa negra de la historia del Uruguay para evitar que se repitan los mismos sucesos”, afirmó Patiño.

Las causas judiciales

Sin embargo, ¿qué nos están diciendo estas cifras sobre el sistema judicial de nuestro país? Según Mirtha Guianze, lo que se ve es que la impunidad opera sin ninguna traba. “Yo no atribuyo intencionalidad a las autoridades. Digo que en los hechos las formas del sistema judicial llevan a la impunidad porque estos juicios normalmente implican a personas ya mayores; muchas veces han fallecido testigos, imputados y víctimas. En este momento se está trabajando mucho la memoria a nivel de organizaciones sociales pero la justicia sigue ausente en la mayoría de los casos”.

Asimismo, declaró que hay un estancamiento, una cierta parálisis, de las causas y que, además, no hay ningún registro en el Poder Judicial sobre este tema. “Los únicos que llevan un archivo detallado y hacen seguimiento de las causas son los integrantes del Observatorio Luz Ibarburu. El Poder Judicial no tiene esa especialización de armar archivos categorizando los juicios. Tampoco tiene una certeza en qué estado se encuentran cada uno de ellos porque hay juicios en todo el país.”

Además, Guianze manifestó que dicha organización procura conseguir abogados para que defiendan a las víctimas. Advirtió que existen defensores para los imputados, pero que, para el caso de las víctimas, ante juicios tan complejos, no hay defensores para los más perjudicados.

“De parte del Estado hay una falencia en ese sentido. En Argentina hay defensores específicamente destinados a este tipo de casos. Pero Uruguay no los tiene”. Por otra parte, la directora declaró que los abogados de los militares imputados presentan recursos en distintos momentos para enlentecer el juicio. Sin embargo, manifestó que no es la única causa que explica por qué los juicios no terminan en sentencias.

Según sus palabras, el sistema judicial es pausado porque están sobrecargados los juzgados y ellos no pueden hacer un tratamiento especial de este tema. “Quiero aclarar que no necesariamente tiene que haber especialización judicializada, en la Argentina no la hay, pero sí se tiene que tratar de que esos juzgados no soporten la carga de tener que tratar todos los asuntos que les llegan.

Son juicios con muchísimos testigos, los militares no concurren, se los cita más de una vez y muchas veces se expiden las cajas militares. Por tanto, es todo un trabajo que hacen las víctimas. No hay, de parte del Estado, una política pública que impulse el ritmo de estos juicios”.

Por otra parte, recordó que el nuevo Código del Proceso podría solucionar la lentitud del sistema judicial. Sin embargo, advirtió que el mismo se va a aplicar solamente para las causas nuevas. “Las denuncias por violación de derechos humanos del pasado reciente van a seguir con el sistema lento y creo que quedarán en los juzgados que actúen con el procedimiento antiguo. Eso va a ser una carga todavía más importante para ellos.

Además, no hay especialización, no hay capacitación en materia de derechos humanos para tomar estas declaraciones. Tampoco hay una protección para las víctimas, no hay un acompañamiento para ellas. Hay proyectos para protegerlas, pero nunca se concretaron. En definitiva, es una cuestión que va cayendo en la indiferencia y termina en un empantanamiento de las causas”.

En la oportunidad, Guianze también comparó la situación de Uruguay con aquella que se presenta en la región. A su entender, Uruguay está siendo una excepción negativa, lo que resulta extraño, por su tradición democrática. Mencionó el caso de Argentina, donde la directora considera que existe un gran impulso porque hay procesamientos y condenas. También habló sobre Chile, diciendo que hay lentitud pero que, por lo menos, hay resoluciones.

“En Perú también las hay. En Bolivia algunas causas retomaron impulso. En Brasil no se trabajó el tema de la impunidad, no ha hay juicios por lo que está varios pasos más atrás que nosotros. Sin embargo, en Uruguay tenemos una situación muy especial: existe una calma rotunda. No pasa nada. Los juicios quedan paralizados por distintas razones y, al final, eso también es impunidad”.

La visión de Familiares

Según Patiño, la razón que explica el gran número de casos sin resolver radica en que ningún gobierno ha actuado como debería. Entiende que aunque en estos últimos mandatos se ha avanzado mucho más, particularmente en este último de Tabaré Vázquez, siempre queda el debe.

“Tienen que tener una actitud mucho más proactiva. Por ejemplo, en el Ministerio de Defensa no van a investigar nada. Sin embargo, también es cierto que si se solicita algún informe, archivo o expediente, el Estado lo facilita. Hay un cambio con respecto al pasado porque antes el tema estaba cerrado y negado pero la lentitud del Estado tendría que ser mucho más activa y promover directamente la justicia. Es más, de alguna manera los que cometieron crímenes de lesa humanidad están amparados por el Estado, incluso cobran sueldos”.

Para ejemplificar esta situación de privilegios, el integrante mencionó el caso de Ferro, quien sigue cobrando el sueldo aún estando prófugo. También dijo que el aviso de detención se produce con tanta anticipación que los militares tienen tiempo para fugarse. En la misma sintonía que Patiño, Tassino entiende que existen algunos militares con privilegios mientras están presos. Para ello mencionó el caso de Rama y Gavazzo, los cuales gozan de prisión domiciliaria.

Por otra parte, Patiño está seguro de que sigue existiendo el espionaje militar. “No me queda duda de que hay inteligencia militar y que actúa en todas estas cosas que hablamos. Yo le podría decir que hasta el hallazgo de un desaparecido, como el caso de Miranda, tiene que ver con la inteligencia militar”.

Sin embargo, advirtió que dicho espionaje, en principio, no funciona para realizar actos de violencia pero que está registrando todos los movimientos sociales, determinando quiénes son los que asisten. “Incluso hay seguimiento de micrófonos. Todas esas cosas existen hoy en día y se sabe que están. En 2011 el Ministerio de Defensa compró tres grabadores que son relojes y un dispositivo inalámbrico, que es una escucha a distancia.

Y yo me pregunto, ¿Para qué compran esos aparatos si la inteligencia militar no actúa, si no hay espionaje sobre las organizaciones democráticas? Además nos vigilan a nosotros, no espían a los terroristas. Si hay alguien al que tendrían que estar vigilando es a Ferro para que no se fugara. Sin embargo, no se van a espiar entre ellos”.

URUGUAY: Solo 3% de las denuncias de violación a DDHH tiene sentencia de la justicia

Con Información de La Republica

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